Read this article in English: Colton Immigrant Community Meets PD Chief, Demands Justice

El Comité Latinos Unidos de Colton, con el apoyo del Centro de Servicios Comunitarios de San Bernardino, la Red de Respuesta Rápida, y Congregaciones Unidas para el Cambio, convocó la reunión no sólo para darle a la comunidad la oportunidad de alzar la voz, sino también para aprender del jefe y de otros expertos, como la abogada de derechos de inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) Lucero Chávez lo que es la ley y para pedir reformas en beneficio a la comunidad y restaurar confianza con la policía.

Gabriela Cabrera Figueroa, mujer de presencia imponente y presidenta de Latinos Unidos, facilitó la asamblea. Comenzó por darles la bienvenida a todos y agradecerles su presencia.

"Quisiera agradecer la presencia del jefe de policía, Bob [Miller], de Colton, así como del detective Campa, el Dr. Tomás Rivera de la Universidad Estatal de San Bernardino, y del Sr. Tom Dolan, de la organización ICUC. También quisieramos agradecer la presencia de ... [capellán] Robert Johnson [y] Maribel Núñez."

A continuación, la Sra. Verónica Mártinez describió la génesis del Comité Latinos Unidos. "Surge con la inquietud de organizar nuestra comunidad de Colton, y alzar la voz como muestra de repudio hacia ciertas injusticias que están concentrando en nuestro comité. Tiene ya cierto tiempo realizando reuniones informativas para incrementar nuestro comité a través del mismo, cambios que fortalezcan a nuestra comunidad. Gracias a la paciencia y credibilidad de nuestros miembros y compañeros en la comunidad es que podemos decir que estamos presentes el día de hoy."

También desglosó la práctica anti-discriminatoria del Comité. "Nuestro comité no discrimina a nadie, sino al contrario, busca fortalecer los lazos de amistad y compañerismo en la misma comunidad de Colton."

Siguió José Luis Ojeda con el propósito del encuentro. "La razón principal de esta reunión es de dar a conocer al jefe de policía las injusticias que se están llevando a cabo y de tratar de buscar encontrar acuerdos que permitan que la tranquilidad de Colton regrese y así no sentirnos perseguidos ni acosados por la policía. En conclusión, que esta práctica termine. Aparte quiero indicar que somos personas trabajadoras, no delincuentes. Además, considero de suma importancia enfatizar que sólo trabajando justamente--comunidad, policía--se podrá terminar esta serie de atropellos que actualmente se cometen, siempre apegados al respecto común por buscar soluciones a los problemas que nos aquejan."

El anciano de voz baja con auricular puesto, el Sr. José Luis Salcedo, luego dio un resumen de los problemas enfrentadas por la comunidad. "Los inmigrantes que viven aquí en la ciudad de Colton nos sentimos acosados por políticas injustas relacionadas con el decomiso de nuestros automóbiles por no tener licencia. A veces nos sentimos que se quiere financiar la crisis financiera de la ciudad quitándonos nuestros vehículos y multándonos por no tener la licencia."

Continuó, "Los muchos testimonios que hemos recaucado demuestran como la policía se ha enfocado predominantemente en áreas donde vive la mayoría de personas pobres de escasos recursos como el área donde nosotros residimos. Con frecuencia, hemos tenido personas a quienes se les han quitado su carro porque supuestamente hacen ruido. Sabemos que a muchas personas se les ha quitado su carro cuando estaba estacionado en su casa, la cual es propiedad privada. Sabemos que muchas personas se han quedado tiradas en la calle con sus hijos a la media noche, personas que han tenido que caminar muchas millas para poder regresar a su hogar. A muchos residentes, se les han confiscado sus carros hasta cinco veces en el periodo de un año, mientras que residentes en otras áreas afluentes, vecindades al sur de la autopista 10, no tienen ninguna experiencia similar. Los honorarios del remolque e incautación de vehículos es excesivamente alta. Lleva consecuencias económicas graves para nuestras familias. El costo de una familia ecxede de los $3.000 por un mes. Nuestras familias ganan mucho menos que eso. Pérdidas de hogares se ha vivido, pérdidas de departamentos, pérdida de clases para los niños, con mucha frecuencia al recoger de nuestros carros del corralón de la ciudad, nuestras propiedades personales han sido robadas de nuestros vehículos. Aun a pesar de nuestros vehículos han sido subastados, se nos entrega el vehículo sin la registración, la cual nos hace perder más tiempo y dinero. La ciudad de Colton, que recibe hasta $30.000 por año del almacenamiento del vehículo encautado y alrededor de $80.000 por venta de vehículos decomisados." Concluyó, "Señor Jefe de Policía, le queremos recordar que la mayoría de nuestra gente es respetuosa de la ley y que tiene que manejar sin licencia porque no tiene otra alternativa. El decomiso de autos sólo contribuye a mayor inseguridad de nuestras comunidades. Se crea desconfianza de su departamento en nuestras familias, incrementado la inseguridad y la criminalidad. Gracias."

Luego el señor Salvador Rivera facilitó una serie de testimonios de parte de miembros de la comunidad sobre las injusticias cometidas por el departamento de policía de Colton. Muchos reportaron que se les habían detenido sin razón y que nunca se les informó el motivo de la parada. Muchos que coincidieron en esta experiencia sospecharon que fueron perfilados racialmente. Otra situación reportado por varios fue la encautación de vehículos de delante de la casa o de la entrada a la casa buen rato después de que fueron estacionados.

Un hombre de nombre de Rodolfo hizo una pregunta simple. "El policía de la moto que me paró tenía un paño amarrado de la cabeza, sin casco. Cuando me paró, me dijo que iba muy despacio. Yo le iba a decir que 'Usted también está cometiendo una infracción, o contésteme usted si no es cierto, que usted está cometiendo una infracción de traer un paño amarrado a la cabeza, pero sin casco.' Le decía que me conteste si o no es cierto, que ¿él está cometiendo una infracción también?"

No contestó el jefe.

Entró en detalle el Señor José Soya sobre las multas excesivas que tuvo que pagar, y en seguida relató la historia de un incidente violento que vivió por consecuencia de no poder manejar.

"Yo estoy nada más para decirles que a mí me quitaron como once carros y cada carro que me quitan son $1.500 más 1.500 dólares de ticket, y uno tiene que comprar otro carro otra vez para moverse, son otros $1.500. Quiere decir que al cabo, uno tiene que pagar una cuota de $4.500 que le quitan a uno en el momento. Me han quitado como once carros ya, yo ya no quería manejar más. Hace 15 días, me fui de aquí de Colton a San Bernardino y me fui en bicicleta. Unos morenos--seis morenos--me agarraron, me pusieron una golpiza. La señora Valerie tiene fotos de como me dejaron. No más que, por miedo uno a no manejar, sale uno en bicicleta o caminando, y se pone uno a que lo asalten, o lo golpeen. Era todo."

La Ciudad de Colton cobra una cuota administrativa de $200 más una cuota diaria de entre $35 y $50 de almacenamiento, más el cargo del remolque, el cual que varía. A ese costo, un decomiso de 30 días obligatorios tiene un saldo mínimo de $1250.¹

Una mujer dio testimonio que fue perfilada racialmente. "Nos discriminan no más por como nos ven, porque nos ven mexicanos. Porque yo tengo veinte años viviendo aquí en Colton y ¡nunca había visto ésto que estoy mirando! A mí me paró tres veces la policía, él del moto, en tres semanas." Dijo que la primera vez, el oficial dio la excusa que el carro traía algo colgando, pero cuando vio que la mujer llevaba licensia, la dejó en paz. La segunda vez, el oficial ni siquiera dio ninguna excusa sino simplemente le pidió la licensia y al verla, se fue enojado. También comentó que había visto a un oficial encautar el carro de un señor en el estacionamiento del mercado Cárdenas cuando éste iba en camino al auto con su carrito de abarrotes. El oficial le pidió la licencia antes de que el señor hubiese llegado al carro y cuando el señor no pudo mostrarla, perdió el carro. "Entonces yo, lo que pido es justicia, que por favor respeten a la gente, porque yo he mirado mucha injusticia--mamás que las bajaron con su comida, con sus niños que vinieron de otros lados a llevar su comida, y la gente ya se iba."

Luego habló el Sr. Rodríguez. "Ésta es una cosa muy triste a un señor que pasó. Estaba en mi casa; trabajó conmigo ese día. Por yo no poder llevarlo a su casa, ese señor se fue caminando. Era una caminada de cinco minutos, pero tenía que atravesar el parque. Ese día lo mataron. Amaneció muerto. Estaba a 150, 200 pies máximo, allí vivía él. Y en la mera parte de en frente, allí lo asesinaron."

Después de una docena de testimonios, al jefe le pidieron que explicara la política actual que tiene el departamento sobre retenes de tráfico y el decomiso de carros. El jefe se presentó en español, pero terminó su discurso en inglés. "La inquietud que estoy oyendo tiene que ver con confiar a la policía. [...] La única manera de entrar en confianza es a través de comenzar un proceso como éste."

Trató el tema de la asignatura de citaciónes realizada de manera inapropriada. "En cuanto a las citaciones que muchos han recibido, una vez que se asigna una citación es por eso que existe un sistema jurídico, para que uno presente su causa ante un juez. Y en la corte, el juez decide si o no la citación fue asignada de manera apropriada."

Luego habló de las multas excesivas relacionado con el decomiso de carros. "Mucho de lo que he oído aquí tiene que ver con las cuotas de las grúas. Son cara, lo reconozco. The razón por la cual está ley entró en vigor a lo largo del estado de California es porque nuestra legislatura elegida estaba tratando de desanimar a los ciudadanos de manejar sin licencia. Se volvió problema que muchos conductores sin licencia se estaban accidentando, no tenían aseguranza, y llegó a ser problema. Pero he notado que es fácil aprobar una ley, pero el impacto sobre la comunidad no llega hasta después, que es lo que estamos viviendo hoy."

Los primeros ataques contra el derecho a la mobilidad en el estado de California se realizaron en 1992, cuando la legislatura autorizó la colecta del número de seguro social (SSN) del solicitante de una licencia de conducir, dizque para localizar a padres que habían abandonado a sus hijos, grupo que había recibido atención mediática en ese año, pero que, efectivamente eliminó la única fuente legítima para la comunidad indocumentada de conducir legalmente. Dos años después, se ilegalizó de forma más explícita la posibilidad de que la comunidad obtuviera licencia, en conjunto con varias otras leyes de mano dura, tal como la ley que autoriza el decomiso de un carro por treinta días si su conductor no tenía licencia y la ley "Three Strikes."²

Ese mismo año, electores en California aprobaron la racista Proposición 187, la cual que, si no hubiera sido descartada por inconstitucional, habría negado servicios de salud y educación al pueblo indocumentado. Fue también en 1994 que el acuerdo neoliberal de "libre comercio" NAFTA entró en vigor y con él, la fuga de millones de mejicanos de su tierra natal.

A continuación, el jefe habló del profesionalismo de sus oficiales. "Es mi responsabilidad asegurar que nuestros oficiales sean respetuosos y que les ayuden con cualquier problema que tengan. Si ésto no pasa, tenemos un sistema para poner una denuncia que se investiga plenamente. Esto también es la ley de California. Le he dicho al comité con él que colaboro que yo trabajo con seres humanos. Y que ha habido ocasiones en que yo me he enterado de asuntos que han hecho mis oficiales que no han quedad bien con la comunidad, yo me encargo de corregirlos. Fui muy conmovido en la reunión del consejo municipal cuando se presentaron 150 personas, inclusive con sus familias, que teníamos que hacer algo. Por eso le hablé al Dr. Rivera de la Universidad Estatal de California, San Bernardino. He colaborado con él anteriormente, cuando trabajaba en Cal State, y quería formar un comité para reunir unas personas para intentar solucionar estos problemas."

Referente a la política sobre el decomiso de carros, dijo que "El código vehicular del Estado de California declara que si uno no tiene licencia, no puede conducir." También declaró que "Considero que es importante que busquemos una manera de ayudar a las personas a conducir legalmente para que este tipo de problema no se presente."

Luego comentó sobre las personas que compartieron sus experiencias con perfil racial. "En cuanto a lo que he oído acerca del perfil racial, oficialmente, y de parte de mi oficina, no utilizamos perfil racial. Son dos palabras que se usan mucho en el trabajo policial, que a veces se escucha en la comunidad que la policía sólo busca a los de una cierta raza. Eso es inaceptable. Todos deben ser tratados equitativamente y justamente. Y si yo me entero, lidiamos con eso."

Terminó con elogiar a sus oficiales, y con explicar su actitud son respeto a la reunión. "Ya sabía cuando venía a esta junta que algunos de los ciudadanos no iban a estar contentos con nosotros. Pero decidí no ser defensivo y escuchar a todos."

Próximamente, una señorita se acercó al micrófono y pidió reformas específicas.

Cuando ésta le pidió al jefe que permitiera usar el celular del oficial al perder un carro, dijo el jefe que iba a investigar la tecnología.

Cuando le pidió un "periodo de gracia" de 30 minutos para encontrar otro conductor para un carro que normalmente sería decomisado, el jefe dijo que iba a investigar esa posibilidad.

Cuando le pidió que ya no dejara a personas abandonadas en áreas inseguras, se puso de acuerdo.

Cuando le pidió que terminara la práctica de perfil racial y que limitara detenciones a las que se basaban en una causa probable, hizo cara de incrédulo. "Es una pregunta difícil que me acabas de hacer. Esa pregunta se ha discutido por los últimos 25 años entre agencias de orden público. Pero repito, nuestra comunidad, que me importa mucho, les contesto de esta manera. No hacemos perfil racial. Nos enfocamos en la actividad [ilegal]."

Cuando la joven le preguntó si se disponía a revisar las políticas con la participación de la comunidad, se puso de acuerdo pero también puso un requisito. "Continuaré reuniéndome con cualquier grupo, pero bajo la condición que traigamos una buena comida para la próxima."

De allí la comunidad le otorgó una copia de la política de la ciudad de Oakland como un ejemplo de una práctica más justa.

A partir de entonces, se dio a la comunidad la oportunidad de hacer preguntas directamente o al jefe de policía o a la experta legal de la ACLU.

Una mujer preguntó si la policía podía incautar un carro que no está siendo manejado. El jefe contestó que tendría que investigar el caso particular.

Otra mujer preguntó sobre medidas al perfil racial, como estadísticas del departamento, o por requerir que los oficiales se identifican cuando paran a alguien, y sobre maneras de procurar justicia cuando uno es perfilado racialmente. El jefe contestó que, "Sí, existe un proceso para quejas, y después de la reunión, se lo explicaré. Repitió que sus oficiales sólo detienen a personas cuando tienen causa probable. "Específicamente, generalmente [el protocolo] es que cuando un oficial se acerca a la puerta del carro, se identifican, y explican la razón por la parada. Así es como entrenamos a nuestros oficiales. Si no es lo que ocurre, entonces avísennos, y un supervisor lo investigará."

La facilitadora luego le dio la oportunidad a la licenciada Chávez de contestar las mismas preguntas. Ella explicó que la ley requiere que un oficial tenga causa probable para hacer una parada de tráfico, y agregó que si un carro se decomisa bajo la sección del código vehicular que autoriza la incautación de un carros conducido por un conductor sin licensia, la probabilidad que exista causa probable is mucho menor si el carro está estacionado.

José Luis Salcedo regresó al micrófono para hacer una pregunta. "La podría hacer en inglés, pero la voy a hacer en español quiero que la comunidad se entere de sus derechos. ¿Los policías que trabajan para usted han tenido alguna educación al respecto de lo que es la constitución americana?" Cuando asintió el jefe, Salcedo continuó. "Yo veo una violación a derechos civiles por parte de sus oficiales, primero porque tienen un perfil, y segundo porque están violando la cuarta enmienda de la constitución, recogiendo automóbiles cuando no lo deben hacer porque no lo pueden hacer. Y porque solamente que el vehículo esté la escena de un crimen o el carro haya sido usado por un crimen, sólamente así pueden. Entonces ellos han violado y han hecho una violación bien grave porque ese es un robo a la comunidad. Eso es lo único."

Un ex-defensor público y miembro de LULAC, hablando en inglés, recalcó que la sección 14602.6 del código vehicular permite que un oficial utilice su discreción cuando decide decomisar un carro o no, y cuestionó si el hecho de que la ciudad gestiona su propio corralón estuviera creando un conflicto de interés. "Ahora, el problema con ésto es que, la comunidad verá esto como algo que degenera en algo más injusto, porque hay otras consideraciones para el decomiso del carro. Y la ley, así como está, en mi opinión ya es muy discriminatoria, en virtud de que impacta disproporcionadamente a los pobres, quienes, por equis razón, no pueden obtener licencia o tienen dificultad en conservar su licencia, y se les quita el vehículo. No impacta a los demás. Y ésta es mi preocupación principal, porque según la información que he obtenido del presupuesto del condado, de la auditoría, y de otros lugares; tengo entendido que para el año fiscal 2010, se calcularon divisas de [$]657.000 de las multas de remolques. De estos fondos, sólo [$]442.689 fueron de recuperación de los gastos del operativo. Sería entonces un superávit de [$]234,011, que es una gran cantidad de dinero. Entonces, mi pregunta para el panel es, ¿se sienten que me equivoco que ésto aparenta un conflicto de interés?"

"No hay nada que contestar," dijo el jefe. Cuando se le persuadió que había una pregunta válida sobre la apariencia de un conflicto de interés, cedió. "¿Quién fue el señor que se paró? ¿Te puedes identificar?" Una vez que el hombre dio su nombre, el jefe siguió interrogándolo. "¿Y vienes con...?" Una vez que el hombre dio su credencial, el jefe, que empezó a poner más atención cuando escuchó el idioma inglés a pesar de que se le proporcionó interpretación simultánea durante la reunión entera, dijo que le encantaría tomarse un café con el señor.

En ese momento, una voz del público reclamó, "¡Que se tome su café con todos nosotros!"

En fin, el jefe contestó, "Es interesante la forma en que hablaste del corralón, muy interesante el marco dentro del cual lo discutes. Supuestamente sólo se puede recuperar los costs para manejar el programa. El exceso se destina al fondo general y se usa a lo largo de la ciudad, entonces tienes razón. El operativo del corralón, en sí--y francamente, tengo que hablarles honestamente--es un dolor de cabeza. Es un inconviente para mí porque lo usamos--fue desarrollado para reducir costos para que las personas retiren sus carros a menor costo que con las compañías de grúas. Pero lo que pasa con el tiempo es que la mayoría de quejas que me llegan provienen del operativo del corralón. Entonces, es algo que estamos examinando muy seriamente en este momento. No hay ningún incentivo para que los oficiales salgan a decomisar carros para las divisas. Eso sería ilegal. No podemos hacer eso y bien lo sabes. Sólo pedimos que se enfoquen en la actividad, pero el corralón es algo que voy a tener que hablar con los líderes de la ciudad y nuestros representantes elegidos en algún momento porque es un asunto emergente."

El facilitador le pidió a la licenciada Chávez que contestara la pregunta del señor. Explicó que existen modelos exitosos que son aprobados por el estado para corralones municipales ya en uso por varias ciudades que aseguran que no se les incentiviza a la policía el decomisar los carros, y que a lo mejor son prácticas que se podrían implementar en Colton.

La siguiente pregunta vino de un himbre que preguntó si el departamento de policía tenía estadísticas sobre detenciones y si el jefe estaría dispuesto a revisar esas estadísticas con la comunidad para averiguar si se ha incrementado el número de detenciones en este año, notando que este año le parecía que han habido más detenciones.

El jefe no le contestó.

El próximo hombre no hizo ninguna pregunta, pero explicó que la lucha continuaría hasta que hubiera justicia para los trabajadores.

La última señora preguntó, "¿Qué podemos hacer cuando miramos que un policía, por estar en el teléfono, está a punto de atropellar a una niña? Aquí he visto muchas injusticias, y queremos saber lo que podemos hacer. Lo he visto varias veces. Cada policía que yo veo está hablando por teléfono." Pidió que se levantaran la mano todas las personas que habían visto a oficiales que hablaban por teléfono cuando manejaban, y se levantaron casi la mayoría de las manos, inclusive la del jefe.

El jefe contestó que oficiales en horas de trabajo son excluídos de la ley que prohibe hablar y manejar a la vez. No obstante, sí expresó preocupación desde el punto de vista de minimización de riesgos. "Nos estamos enterando que más oficiales se mueren en accidentes de tránsito que en cualquier otra actividad profesional."

La facilitadora luego le pidió al jefe una fecha para una próxima reunión e instó al público que se sumaran a la lucha de Latinos Unidos. Agradeció nuevamente a los oficiales y los individuos que ayudaron a hacer realidad la reunión.

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1. Colton Police Department. "Stored/Impounded Vehicles." n.d. http://www.coltonpd.org/images/storeimpoundedvehicles.pdf. Accessed December 13, 2010.

2. Márquez, José. "The Conflict: Immigrant Drivers’ Licenses" July 2002. http://www.californiaconnected.org/tv/archives/50#yv02backstory

Testimonios

Panel con Detective Campa, Jefe Bob Miller, Presidenta de Latinos Unidos Gabriela Cabrera Figueroa, y Licenciada Lucero Chávez. Los Doctores Rivera de LULAC están a la derecha.

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