Eran alrededor de las nueve de la mañana, cuando cerca de 40 jornaleros partieron del Boulevard Newport y la calle 18, esquinas en donde tradicionalmente se congregan a buscar trabajo. Su destino; la alcaldía municipal en donde más tarde sostendrían una conferencia de prensa junto a los abogados demandantes.

Durante el trayecto de dos millas y media el grupo creció hasta alcanzar una multitud de al menos 80 personas, la cual estuvo animada con música de Son Jarocho y consignas a la vez que los trabajadores portaban sus letreros con mensajes en inglés y español, denunciando las injusticias a las que son sujetos y otras que exigían la derogación de la ordenanza anti-jornaleros.

Una vez en la alcaldía y antes de las declaraciones oficiales, hubo espacio para una breve sesión de fotos y entrevistas con los participantes de la marcha.
Thomas A. Sáenz, presidente y asesor legal de MALDEF, dio inicio a la conferencia de prensa ante las cámaras y micrófonos de varias televisoras y medios impresos, anunciando formalmente la querella legal contra la ciudad de Costa Mesa a nombre de la Asociación de Jornaleros de Costa Mesa y el Colectivo Tonantzin.

“(La ordenanza) viola la libertad de expresión garantizada por la primera enmienda de la Constitución; uno de nuestros derechos civiles más preciados” dijo Sáenz. Siguieron Belinda Escobosa Helzer, abogada representante de ACLU y Gladys Limón abogada representante de MALDEF, quienes dieron más detalles sobre la ordenanza y el litigio. “Ésta ordenanza es ilegal porque no solo prohíbe a las personas buscar trabajo; también prohíbe a los niños en edad escolar anunciar con letreros llamativos eventos como los tradicionales auto-lavados” apunto Escobosa Heltzer. Pablo Alvarado de NDLON dijo que, “Los jornaleros han contribuido en mucho a la economía”, destacando las aportaciones de los trabajadores informales a la ciudad de Costa Mesa. Finalmente, Gabriela Trujillo y Arturo T. del Colectivo Tonantzin, hablaron sobre el amplio impacto que este tipo de leyes tienen en la comunidad, abarcando desde multas de miles de dólares hasta deportaciones como las del pasado 25 de septiembre, cuando 12 jornaleros fueron deportados después de que agentes de policía encubiertos les ofrecieran trabajo.

El código municipal 10-354; ordenanza en cuestión, fue aprobado por primera vez en 1988 y re aprobada una versión más estricta en 2005 por el ayuntamiento municipal liderado por el alcalde Alan Mansoor, desoyendo las protestas de organizaciones comunitarias en pro de los trabajadores y la comunidad en general que en varias ocasiones llenaron la alcaldía de la ciudad para expresar su descontento ante la resolución.

Una de las características más notables del reglamento es el lenguaje confuso que emplea, especialmente en el capitulo XIX que establece que:

(a) Es ilegal pararse en la calle y activamente solicitar empleo o contribuciones de personas en vehículos en movimiento *
(b) Es ilegal que una persona en un vehículo en movimiento solicite empleo a una persona parada en la calle, haga contribuciones, negocie o haga cualquier tipo de transacciones *
*traducido al español

Solicitar activamente, de acuerdo a la sección de definiciones, significa que, “está prohibido llamar la atención a un posible empleador por medio de gritos, movimientos de brazos, señas con las manos, brincos, agitar letreros, etc. No está prohibido en cambio, pararse inmóvil en una acera o cualquier calle sin acera con un letrero que anuncie su disponibilidad para trabajar o pidiendo contribuciones, distribuir volantes a peatones o pasajeros en un vehículo estacionado legalmente. Tampoco prohíbe la comunicación verbal expresando la disponibilidad para trabajar o pidiendo contribuciones de peatones o personas dentro de vehículos estacionados legalmente.”

Esta estrecha línea entre una multa o posible deportación y un trabajo es que tienen que observar los jornaleros de Costa Mesa, cuyos problemas aumentaron en 2006 cuando después de mucha oposición de varios sectores de la población, el ayuntamiento municipal cerro el único centro de trabajo con que contaba la ciudad argumentando que dicho espacio costaba a los contribuyentes unos $100,00 al año, sin embargo, a la misma vez solicitaba al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entrenamiento para que algunos agentes del departamento de policía pudieran desempeñarse como agentes de migración, lo cual costaría a la ciudad unos $82,000 por oficial al año.

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