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GRUPO CALVO EL SALVADOR: Fueros sindicales Afuera

by IPS-Reenviado por CEAL Friday, Apr. 13, 2007 at 11:56 AM

"Mientras que los trabajadores siguen presentando denuncias en busca de que las autoridades salvadoreñas cumplan con las normas laborales, el Grupo Calvo continúa aprovechando los beneficios arancelarios de la UE." Por Raúl Gutiérrez www.ipsnoticias.net

GRUPO CALVO EL SALVA...
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SAN SALVADOR, abr (IPS) - Graves denuncias de prácticas

antisindicales afronta en El Salvador la firma atunera española

Calvo, que, paradójicamente, supeditó su inversión en el país a

la aprobación de las normas laborales exigidas por la Unión

Europea para otorgar preferencias arancelarias.

Berta Menjívar, despedida en febrero, y José Joaquín

Reyes, quien sufrió igual medida el 15 de marzo, denunciaron

que Grupo Calvo tomó esa decisión contra ellos porque fundaron

en su planta atunera local una seccional del Sindicato General

de Trabajadores de la Industria Pesquera y Actividades Conexas.

"Sí, me despidieron por ser fundadora del sindicato",

aseguró a IPS Menjívar, de 22 años. "Hasta este día estará

trabajando con nosotros", le dijeron cuando se presentó en su

lugar de tareas el 9 de febrero, cinco días después de haberse

constituido el sindicato.

El Grupo Calvo, especializado en captura, producción y

venta de conservas de pescado, tiene plantas procesadoras en su

país de origen y también en Italia y Venezuela, además de la

ubicada en El Salvador, que es considerada la mayor de todas.

Antonio Huezo Avelar, director de la división Calvo

Conservas, ubicada en la oriental provincia de La Unión,

admitió ante IPS el despido de Menjívar, pero indicó que fue por

"infringir normas del reglamento interno de manera repetitiva".

También aseguró que las "faltas de la trabajadora" estaban

explicadas en dos cartas de amonestación previas y que, al

momento de anunciarle el despido, desconocía que ella era una

de las fundadoras de la seccional del sindicato.

Según el artículo 214 del Código Laboral, todo miembro

constituyente de un sindicato está protegido por un fuero

especial por 60 días y, por lo tanto, no puede ser desplazado de

su cargo laboral.

En tanto, Menjívar sostuvo que las cartas que menciona

Avelar le fueron entregadas en un mismo día y que en una de

ellas su firma había sido falsificada.

"Mi única falta fue retrasarme tres minutos luego de un

almuerzo", aduce la sindicalista, quien además dice haber

trabajado para Calvo durante dos años, cobrando 7,17 dólares

diarios, incluyendo jornadas nocturnas de hasta 12 horas sin

recibir el pago adicional que establece la ley en estos casos.

Por su parte, Reyes, secretario de Relaciones de la

seccional, también aseguró que lo despidieron, después de

cuatro años de trabajar en los buques de pesca, por estar

afiliado al sindicato, aunque la empresa le manifestó que la

decisión se debía a que ya era "improductivo".

Este trabajador, según una copia de su contrato que pudo

leer IPS, cobraba 10 centavos de dólar por tonelada descargada

de buques bajo un contrato a término de cuatro o cinco días como

máximo. También estos empleados eran obligados para poder

trabajar a firmar un convenio por el cual la firma no se

responsabilizaba de posibles accidentes laborales.

El año pasado, el Grupo Calvo cabildeó fuertemente para

que El Salvador ratificara los convenios 87, 98, 135 y 151 de

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referidos a la

libertad sindical y a la negociación colectiva, requisito de la

Unión Europea (UE) para que este país siguiera dentro del

Sistema General de Preferencias Plus (SGP-Plus).

Ese sistema, al que accedió El Salvador en julio de 2005,

permite el ingreso de sus productos sin pagar arancel a la UE.

Ese tributo para las naciones que no gozan del beneficio es de

20,5 por ciento.

La empresa transnacional española, en el marco de esas

presiones, despidió a 600 empleados y amenazó con cerrar todas

sus plantas, aduciendo que perdía competitividad si el país

centroamericano no ratificaba los convenios y mantenía así las

preferencias arancelarias.

Esas presiones fueron férreamente resistidas por sectores

conservadores y empresarios, muchos de ellos ligados al propio

gobierno de Antonio Saca y a su derechista Alianza Republicana

Nacionalista (Arena), quienes rechazaban los acuerdos de la OIT

por considerarlos un "chantaje de la UE".

Finalmente, las presiones de la UE y de la firma Calvo

lograron que el presidente Saca enviara los convenios al

parlamento, que aprobó por unanimidad en la madrugada del 24 de

agosto un paquete de reformas para despejar el camino a su

ratificación.

La ratificación de estos convenios de la OIT también saldó

una deuda del país de casi medio siglo con sus trabajadores.

Las modificaciones aprobadas por el parlamento a la ley de

Servicio Civil, por ejemplo, abrieron paso a que los

trabajadores vinculados a las fuerzas de seguridad, la carrera

judicial y otras "áreas sensibles" tuvieran derecho a la

negociación colectiva y a la libertad sindical (convenios 87 y

98).

Además, con la ratificación de los convenios 135 y 151 se

garantizó la protección para los dirigentes sindicales y se

fijaron parámetros en las relaciones de trabajo en la

administración pública. Los acuerdos entraron en vigor este año.

Para Gilberto García, vicepresidente del Centro de

Estudios y Apoyo Laboral (CEAL), la campaña del Grupo Calvo a

favor de las leyes de trabajo "tenía motivaciones comerciales

más que laborales". Las acciones de la empresa española son

incongruentes con su discurso, dijo a IPS.

"Es escandaloso que ahora Calvo no pueda cumplir esos

preceptos después de haber presionado en favor de la

ratificación de los convenios de la OIT", aseveró García, y

advirtió que el gobierno tampoco hace cumplir las leyes

laborales.

"Los despidos sucedieron después de que los trabajadores

ya estaban protegidos por el fuero sindical, y la empresa sabe

eso. Actúan conociendo que están violando la ley", sostuvo el

asesor sindical.

El Grupo Calvo, que está presente en este país

centroamericano desde 2003 y tiene una inversión de más de 100

millones de dólares, tiene al menos 1.400 mujeres empleadas en

el área de empaque, quienes reciben un salario promedio de siete

dólares por día..

Por su parte, Avelar insistió en que desconoce quiénes

forman el sindicato. "Nosotros no hemos recibido hasta la fecha

comunicación oficial de nadie" sobre la creación de la

seccional. Sin embargo, durante la entrevista con IPS afirmó

saber de por lo menos cinco trabajadores que conformaban la

asociación laboral.

El representante patronal también indicó que el Grupo

Calvo respeta los derechos de sus trabajadores, ya que está

establecido en la Constitución, aunque opinó que pertenecer a un

sindicato no confiere potestades para "infringir los

reglamentos de la compañía".

En una copia del acta de inspección del Ministerio de

Trabajo y Previsión Social (Mintrab), fechado el 24 de febrero,

consta que Esmeralda Uceda, supervisora inmediata de Menjívar,

reconoció que ésta era una de las mejores trabajadoras de la

planta, aunque luego agrega que "por un tiempo se tornó rebelde".

La inspección del Mintrab también establece que, luego de

entrevistar individualmente a varias trabajadoras, "no se

realiza ningún tipo de comentarios intimidatorios ni

antisindicales", y que la empresa brinda un buen trato hacia

todos los empleados.

Sin embargo, el acta señala que Calvo ha infringido el

artículo 47 de la Constitución y 142 del Código de Trabajo "por

haber despedido de hecho a Berta Menjívar", y le manda

reintegrarla y pagarle los salarios perdidos hasta la fecha,

pues está amparada por el fuero sindical.

Javier Rivas, de la Dirección General de Inspección de

Trabajo del Mintrab, reconoce que, si bien Calvo ha infringido

la ley y que las resoluciones del ministerio deberían ser

obligatorias, los vacíos en la normativa permiten que las

empresas no cumplan con lo que dictan los inspectores laborales,

vulnerando los derechos de los trabajadores.

"Como sindicato no estamos en contra de las fuentes de

trabajo", puntualizó el despedido sindicalista Reyes, pero

entiende que la empresa Calvo ha emprendido una campaña de

intimidación contra el sindicalismo, que incluye despidos

injustificados, así como denigración e insultos contra los

trabajadores.

El Sindicato General de Trabajadores de la Industria

Pesquera y Actividades Conexas está a la espera de la

resolución del ministerio sobre el caso Reyes, la cual estará

basada en la inspección realizada el 30 de marzo.

Mientras que los trabajadores siguen presentando denuncias

en busca de que las autoridades salvadoreñas cumplan con las

normas laborales, el Grupo Calvo continúa aprovechando los

beneficios arancelarios de la UE. (FIN/2007)

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