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"Mientras que los trabajadores siguen presentando denuncias en busca de que las autoridades salvadoreñas cumplan con las normas laborales, el Grupo Calvo continúa aprovechando los beneficios arancelarios de la UE." Por Raúl Gutiérrez www.ipsnoticias.net
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SAN SALVADOR, abr (IPS) - Graves denuncias de prácticas
antisindicales afronta en El Salvador la firma atunera española
Calvo, que, paradójicamente, supeditó su inversión en el país a
la aprobación de las normas laborales exigidas por la Unión
Europea para otorgar preferencias arancelarias.
Berta Menjívar, despedida en febrero, y José Joaquín
Reyes, quien sufrió igual medida el 15 de marzo, denunciaron
que Grupo Calvo tomó esa decisión contra ellos porque fundaron
en su planta atunera local una seccional del Sindicato General
de Trabajadores de la Industria Pesquera y Actividades Conexas.
"Sí, me despidieron por ser fundadora del sindicato",
aseguró a IPS Menjívar, de 22 años. "Hasta este día estará
trabajando con nosotros", le dijeron cuando se presentó en su
lugar de tareas el 9 de febrero, cinco días después de haberse
constituido el sindicato.
El Grupo Calvo, especializado en captura, producción y
venta de conservas de pescado, tiene plantas procesadoras en su
país de origen y también en Italia y Venezuela, además de la
ubicada en El Salvador, que es considerada la mayor de todas.
Antonio Huezo Avelar, director de la división Calvo
Conservas, ubicada en la oriental provincia de La Unión,
admitió ante IPS el despido de Menjívar, pero indicó que fue por
"infringir normas del reglamento interno de manera repetitiva".
También aseguró que las "faltas de la trabajadora" estaban
explicadas en dos cartas de amonestación previas y que, al
momento de anunciarle el despido, desconocía que ella era una
de las fundadoras de la seccional del sindicato.
Según el artículo 214 del Código Laboral, todo miembro
constituyente de un sindicato está protegido por un fuero
especial por 60 días y, por lo tanto, no puede ser desplazado de
su cargo laboral.
En tanto, Menjívar sostuvo que las cartas que menciona
Avelar le fueron entregadas en un mismo día y que en una de
ellas su firma había sido falsificada.
"Mi única falta fue retrasarme tres minutos luego de un
almuerzo", aduce la sindicalista, quien además dice haber
trabajado para Calvo durante dos años, cobrando 7,17 dólares
diarios, incluyendo jornadas nocturnas de hasta 12 horas sin
recibir el pago adicional que establece la ley en estos casos.
Por su parte, Reyes, secretario de Relaciones de la
seccional, también aseguró que lo despidieron, después de
cuatro años de trabajar en los buques de pesca, por estar
afiliado al sindicato, aunque la empresa le manifestó que la
decisión se debía a que ya era "improductivo".
Este trabajador, según una copia de su contrato que pudo
leer IPS, cobraba 10 centavos de dólar por tonelada descargada
de buques bajo un contrato a término de cuatro o cinco días como
máximo. También estos empleados eran obligados para poder
trabajar a firmar un convenio por el cual la firma no se
responsabilizaba de posibles accidentes laborales.
El año pasado, el Grupo Calvo cabildeó fuertemente para
que El Salvador ratificara los convenios 87, 98, 135 y 151 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referidos a la
libertad sindical y a la negociación colectiva, requisito de la
Unión Europea (UE) para que este país siguiera dentro del
Sistema General de Preferencias Plus (SGP-Plus).
Ese sistema, al que accedió El Salvador en julio de 2005,
permite el ingreso de sus productos sin pagar arancel a la UE.
Ese tributo para las naciones que no gozan del beneficio es de
20,5 por ciento.
La empresa transnacional española, en el marco de esas
presiones, despidió a 600 empleados y amenazó con cerrar todas
sus plantas, aduciendo que perdía competitividad si el país
centroamericano no ratificaba los convenios y mantenía así las
preferencias arancelarias.
Esas presiones fueron férreamente resistidas por sectores
conservadores y empresarios, muchos de ellos ligados al propio
gobierno de Antonio Saca y a su derechista Alianza Republicana
Nacionalista (Arena), quienes rechazaban los acuerdos de la OIT
por considerarlos un "chantaje de la UE".
Finalmente, las presiones de la UE y de la firma Calvo
lograron que el presidente Saca enviara los convenios al
parlamento, que aprobó por unanimidad en la madrugada del 24 de
agosto un paquete de reformas para despejar el camino a su
ratificación.
La ratificación de estos convenios de la OIT también saldó
una deuda del país de casi medio siglo con sus trabajadores.
Las modificaciones aprobadas por el parlamento a la ley de
Servicio Civil, por ejemplo, abrieron paso a que los
trabajadores vinculados a las fuerzas de seguridad, la carrera
judicial y otras "áreas sensibles" tuvieran derecho a la
negociación colectiva y a la libertad sindical (convenios 87 y
98).
Además, con la ratificación de los convenios 135 y 151 se
garantizó la protección para los dirigentes sindicales y se
fijaron parámetros en las relaciones de trabajo en la
administración pública. Los acuerdos entraron en vigor este año.
Para Gilberto García, vicepresidente del Centro de
Estudios y Apoyo Laboral (CEAL), la campaña del Grupo Calvo a
favor de las leyes de trabajo "tenía motivaciones comerciales
más que laborales". Las acciones de la empresa española son
incongruentes con su discurso, dijo a IPS.
"Es escandaloso que ahora Calvo no pueda cumplir esos
preceptos después de haber presionado en favor de la
ratificación de los convenios de la OIT", aseveró García, y
advirtió que el gobierno tampoco hace cumplir las leyes
laborales.
"Los despidos sucedieron después de que los trabajadores
ya estaban protegidos por el fuero sindical, y la empresa sabe
eso. Actúan conociendo que están violando la ley", sostuvo el
asesor sindical.
El Grupo Calvo, que está presente en este país
centroamericano desde 2003 y tiene una inversión de más de 100
millones de dólares, tiene al menos 1.400 mujeres empleadas en
el área de empaque, quienes reciben un salario promedio de siete
dólares por día..
Por su parte, Avelar insistió en que desconoce quiénes
forman el sindicato. "Nosotros no hemos recibido hasta la fecha
comunicación oficial de nadie" sobre la creación de la
seccional. Sin embargo, durante la entrevista con IPS afirmó
saber de por lo menos cinco trabajadores que conformaban la
asociación laboral.
El representante patronal también indicó que el Grupo
Calvo respeta los derechos de sus trabajadores, ya que está
establecido en la Constitución, aunque opinó que pertenecer a un
sindicato no confiere potestades para "infringir los
reglamentos de la compañía".
En una copia del acta de inspección del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social (Mintrab), fechado el 24 de febrero,
consta que Esmeralda Uceda, supervisora inmediata de Menjívar,
reconoció que ésta era una de las mejores trabajadoras de la
planta, aunque luego agrega que "por un tiempo se tornó rebelde".
La inspección del Mintrab también establece que, luego de
entrevistar individualmente a varias trabajadoras, "no se
realiza ningún tipo de comentarios intimidatorios ni
antisindicales", y que la empresa brinda un buen trato hacia
todos los empleados.
Sin embargo, el acta señala que Calvo ha infringido el
artículo 47 de la Constitución y 142 del Código de Trabajo "por
haber despedido de hecho a Berta Menjívar", y le manda
reintegrarla y pagarle los salarios perdidos hasta la fecha,
pues está amparada por el fuero sindical.
Javier Rivas, de la Dirección General de Inspección de
Trabajo del Mintrab, reconoce que, si bien Calvo ha infringido
la ley y que las resoluciones del ministerio deberían ser
obligatorias, los vacíos en la normativa permiten que las
empresas no cumplan con lo que dictan los inspectores laborales,
vulnerando los derechos de los trabajadores.
"Como sindicato no estamos en contra de las fuentes de
trabajo", puntualizó el despedido sindicalista Reyes, pero
entiende que la empresa Calvo ha emprendido una campaña de
intimidación contra el sindicalismo, que incluye despidos
injustificados, así como denigración e insultos contra los
trabajadores.
El Sindicato General de Trabajadores de la Industria
Pesquera y Actividades Conexas está a la espera de la
resolución del ministerio sobre el caso Reyes, la cual estará
basada en la inspección realizada el 30 de marzo.
Mientras que los trabajadores siguen presentando denuncias
en busca de que las autoridades salvadoreñas cumplan con las
normas laborales, el Grupo Calvo continúa aprovechando los
beneficios arancelarios de la UE. (FIN/2007)
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