Colombia: ¿“Operación Ituango”... para recibir la visita de la CPI?

Lucy Roessler



Dentro de unos días llegará a Colombia el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, quien, como es sabido, sigue muy de cerca el conflicto interno colombiano. Su visita no debe dejar lugar a dudas, aunque por ahora se limite a recoger nuevos antecedentes y a advertir a los implicados que las puertas de la CPI podrían abrirse de par en par e iniciar un proceso inédito en nuestro continente. No debe olvidarse que la CPI tiene por misión enjuiciar a los responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. En este contexto, quienquiera haya sido el responsable del brutal atentado perpetrado en Ituango, ha asegurado su ingreso a los folios de investigación judicial de la CPI.



Dictaduras en Latinoamérica



Actualmente, en varios de los países latinoamericanos que padecieron dictaduras durante las décadas de los 70/80 del siglo pasado, están siendo procesados y condenados algunos militares que sirvieron como perros de presa al amo imperial y las oligarquías locales. De este modo, responsabilizando a algunos de los ejecutores directos de la barbarie perpetrada en Argentina, Chile, Uruguay... se intenta saldar de un modo “light” la enorme deuda con la Verdad y la Justicia que contrajera el capitalismo neoliberal cuando fuera instaurado cruentamente en la geografía latinoamericana, aportando el dolor a las mayorías y enlutando las esperanzas de cambios con las que soñaban nuestros pueblos.

Así, sacrificando ante la justicia a algunos de los peones que fueran anteriormente utilizados para imponer a sangre y fuego la “paz” capitalista neoliberal, los mencionados gobiernos evitan ser señalados con el índice acusador de la CPI. Entre tanto, los verdaderos responsables continuan disfrutando y sonriendo burlonamente, o muriendo tranquilamente en sus lechos, como hiciera entre otros, Pinochet. Los pueblos todavía esperan.

De esta forma, en unos cuantos países latinoamericanos ha logrado hacerse el traspaso exitoso del modelo levantado mediante las dictaduras, a los nuevos regímenes “neodemocráticos” ideados como una actualización de la Doctrina de Seguridad Nacional, y que incorporan por tanto importantes elementos para el control popular. No muchos más “derechos” que el participar marcando un voto en las periódicas elecciones, pueden hacer efectivos nuestros pueblos.



“Seguridad Democrática” en Colombia



Aunque el régimen colombiano se jacte de no haber tenido necesidad de recurrir a una “dictadura”, como buena parte de sus congéneres latinoamericanos, y de ser en cambio una “democracia” ejemplar y segura desde hace tiempo; de no enfrentar ningún “conflicto interno”... la ficción de ser un estado de derecho no logra convencer a nadie más que a los sectores fascistizados que sueñan a Colombia como un país feliz. Desde hace más de medio siglo, la corrupción y el crimen han sido las constantes con que la oligarquía y el imperio han intentado someter a todo el pueblo; esto, y no otro detalle, es lo que les ha hecho innecesario atravesar por la “fase dictatorial” que los demás regímenes del continente debieron practicar para contener a sus pueblos. El tan cacareado régimen de “seguridad y democracia” colombiano tiene no obstante, a su haber, las páginas más siniestras de masacres y represión populares cometidas en nuestro continente, así como otros récords mundiales, como la cantidad de desplazados y sobretodo de impunidad, superando con creces el desempeño alcanzado por las otras dictaduras regionales.

Es entonces decidor que la CPI se interese ahora por levantar el manto de cinismo e hipocresía que la propaganda oficial exhibe ante el mundo. El mensaje de advertencia explícito es de que el régimen colombiano debe asumir sus responsabilidades ante las violaciones a los derechos humanos que son cautelados por la CPI, como lo señala la misiva oficial que esta entregara recientemente al embajador de Colombia en La Haya.

Mientras desde diferentes sitios del mundo, el gobierno colombiano recibe las felicitaciones oficiales por sus “éxitos” en la lucha contra el “terrorismo”, quienes le palmotean la espalda saludando los golpes que le ha dado a la guerrilla aprovechan paralelamente de sugerirle que modere y adecúe su actuación. El gobierno de los EEUU y algunos otros europeos quisieran seguramente una Colombia que se pareciera y comportase como el paradigmático Chile, pero asimismo entienden que no pueden traspasarse así como así realidades diferentes.

El escenario que se les presenta es complejo. Por un lado -negando la historia y la realidad-, dan por supuesto que los grupos guerrilleros, debilitados militarmente, optarán más temprano que tarde por la rendición que se les ofrece, y sueñan con que los problemas sociales y económicos existentes podrán ser manejados de una u otra forma. Por otro, aspiran a que el actual gobierno, la oligarquía y las FFMM logren articular cuanto antes un nuevo “pacto social” que sirva para desconflagrar permanentemente la situación. Evidentemente, este nuevo pacto social no puede ser del tipo “Ralito”, acordado siniestramente entre los diferentes actores de la narcoparapolítica el año 2001 y que buscaba simplemente refundar el país eliminando cualquier oposición y multiplicar las ganancias del narcotráfico.

Tampoco pudiera tratarse de un pacto tipo “Omerta”. En este sentido la guerra real y mediática elaborada en las alturas del Pentágono y desarrollada contra la guerrilla y sectores populares, ha abierto también con su dialéctica un flanco inesperado para sus creadores: mientras más se implementan en Colombia las diversas facetas de la trístemente célebre “seguridad democrática”, más difícil le resulta al régimen ocultar su verdadera política oficial plagada de corrupción y crimen. Esto ha colocado el “problema colombiano” en la agenda internacional a una altura que no se hubieran soñado –ni deseado- quienes solo aspiraban a derrotar a la guerrilla y al pueblo para continuar tranquilamente con sus tropelías.

Es sin dudas la existencia de este pueblo indomable e insurgente, pero anhelante de Paz, Verdad y Justicia lo que les aconseja ahora a los poderosos que deben readecuar el modelo.

Pero el actual régimen, en la desesperación por ocultar sus crímenes solo atina a continuar recurriendo a las viejas formas de matar a la par que inventa otras nuevas: desapariciones, amenazas, desplazamientos forzados, asesinatos selectivos... se codean con un nuevo tipo de “falsos positivos”.



“Operación Ituango”



Es en este contexto de aparente victoria -pero de real desesperación del régimen-, que acontece el reciente atentado terrorista de Ituango. Quienes vivimos el largo conflicto colombiano en carne propia y en medio de nuestro pueblo nunca imaginaríamos siquiera que algún grupo guerrillero, enfrentado a cualquier situación, y menos aun encontrándose en una coyuntura estratégica tan delicada, fuera a provocar deliberadamente una acción de este tipo. Es entonces entre quienes han practicado el terrorismo de estado sistemáticamente y por décadas, en donde habría que buscar a los culpables.

Un indicador que acusa a estos terroristas está presente como una constante en todas las “Operaciones” anteriores: NUNCA han contado la verdad y esta ha surgido después, sólo cuando desde diferentes instancias se ha descubierto las falsedades y el montaje. El régimen colombiano es ya famoso por esta característica que acompaña cada una de sus acciones y obviamente, ahora, no debemos esperar una excepción. La “Operación Ituango” sólo pudiera haber nacido en la mente criminal de quienes han tenido hasta hoy impunidad para ensangrentar una y otra vez el suelo colombiano.

Probablemente, lo que se busca con este brutal hecho, sea tratar de “equilibrar” la valoración que la Corte Penal Internacional sostiene respecto a los crímenes cometidos por la narcoparapolítica en Colombia y que son de su incumbencia, en un intento de aligerar la balanza e inclinarla hacia el lado de los grupos beligerantes. Indudablemente, la visita de la CPI considerará esta posibilidad.

Sin dudas que en su voluminosa agenda la CPI también tendrá en consideración otra trágica situación acaecida el 18 de junio de 2007, cuando fueran asesinados en circunstancias todavía no aclaradas los once diputados del Valle. Tomando como referencia la forma de proceder de las FFMM y sus amos imperiales en todas las “Operaciones” conocidas hasta el presente, estamos en el derecho de pensar que bien pudiera esta masacre haberse tratado de una “Operación” de rescate en la cual hubiese fallado la tecnología de punta, las estratagemas y los disfraces. Es de esperar que las FARC colaboren al respecto.



Mientras tanto, desde las mazmorras del régimen y en la espesura de la selva, esperan por regresar a la Vida y la Libertad centenares de rehenes. Y un pueblo entero espera y trabaja por la Verdad, la Justicia y la Paz.







Ver ¿Qué justicia exige la Corte? en:

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=71609