Suele recordarse que en una oportunidad, al verse sorprendida su administración difundiendo informaciones inciertas, el secretario de estado norteamericana de los años reaganianos, George Shultz, se defendió afirmando que en tiempos de guerra, la verdad es tan preciosa que debe ser protegida por una guardia de mentiras.

Al parecer la coartada ha reverdecido su validez en el Paraguay bajo el gobierno del obispo Fernando Lugo, donde aterradores episodios que involucraron a narco-terroristas, narco-policías y sicarios del mismo rubro se sucedieron en una semana sin que el meollo de toda esta ola criminal haya sido advertida por los narco-periodistas.

Tal vez parte de la explicación en todo esto la encontremos en el hecho de que Fernando Lugo y su gobierno violan las leyes de propagandas estatales, según denuncias del diputado Carlos Soler, quien también criticó que la binacional paraguayo-argentina Yacyretá pagara la publicidad del balance de un año de gestión de Fernando Lugo.

El legislador señaló que con ello se violó la ley 1297/98, que prohíbe a las instituciones públicas realizar propaganda pagada en los medios sobre temas de esta índole.

Paralelamente, investigaciones periodísticas señalan que el gobierno del obispo duplicó los gastos en publicidad estatal que realizaba el gobierno anterior, encabezado por Nicanor Duarte Frutos.

La publicidad trepó a más del doble, pues saltó de 7.048 millones a 14.712 con el gobierno de Lugo.

Con la suma gastada podría haberse comprado el doble de camionetas y motos donadas por Itaipú a la Policía Nacional, y ocho veces más alimentos para Emergencias nacionales, señala la periodista Mabel Rehnfeldt.

Los números citados explican porqué nadie en el mundo del narco-periodismo paraguayo pudo percatarse de los móviles que explican que en menos de una semana, poderes en las sombras ejecutaron a media familia de un jefe policial, el máximo jefe de la policía y hombre de confianza del obispo Lugo se reveló como un consumado traficante, varios policías perecieron en un extraño naufragio en un río fronterizo fuera del horario de trabajo y el hijo de un abogado vinculado a un ex gobernador relacionado con pistas de aterrizaje clandestina fue asesinado a balazos, presumiblemente con participación policial.

La displicencia de los medios para analizar estos temas tiene historia en Paraguay, donde la mayoría de diarios, radios y canales de televisión contaron en principio con capital proveniente del narcotráfico, en tiempos de la dictadura de Alfredo Stroessner.

Uno de los más conocidos al respecto, es el caso “Parque Cué”, derivado de la detención de los dos pilotos de un avión monomotor con 343 kilos de cocaína y más de un millón de dólares, en un alejado paraje de ese nombre, en el Chaco paraguayo.

La aeronave había realizado un aterrizaje de emergencia inoportuno y caído en poder de militares que desconocían que el tráfico se realizaba con conocimiento del mismo presidente de la república de entonces, el narco-general Andrés Rodríguez, y del embajador de Estados Unidos Timothy Towell, con la coartada de tratarse de una pesquisa anti-narcos denominada “entrega vigilada”.

Para disimular, el presidente y el embajador del viejo Bush difundieron la versión oficial de que los pilotos habían huido ante la presencia de la milicia, “dejando la llave puesta por el avión, con el cargamento de cocaína adentro”.

El montaje fue descubierto por el periodista Augusto Barreto y difundido por el canal 13 de televisión, en un programa conducido por la hoy famosa figura de TV Menchi Barriocanal. En la televisión, el narco-piloto Amado Recalde desmintió la versión oficial, revelando que en realidad lo había contratado la oficina antidrogas paraguaya, entonces al mando de un general paraguayo educado en West Point, Marcial Samaniego. En el escándalo también aparecían involucrados los agentes de la DEA norteamericana Robert Ridler y Carlos Walter, motivo por el cual el narco-embajador norteamericano –y ex agente de la CIA destinado a rastrear en Bolivia al Che Guevara, Timothy Towell- defendió a sus ciudadanos tildando a Recalde de “vulgar narcotraficante”.

El destape mediático del caso Parque cué pudo darse sólo porque existía una disputa entre el canal 13 y el canal 9 de TV, cada cual con su propio candidato para las inminentes elecciones del año 1992.

Finalmente, los panegíricos del oficialismo, entre ellos el abogado Benjamín Fernandez Bogado (hoy dueño de medios), montaron un operativo blanqueo y por sugerencia del fiscal general del estado Luís Escobar Faella, el juez Arnulfo Arias archivó el caso.

La presente actitud de los medios paraguayos ante los espeluznantes acontecimientos de esta última semana, no hace menos que recordar el no menos infame blanqueo del caso parque cué.

Y, por supuesto, a lo señalado ya en 1914 por el jefe de staff del New York Times, John Swinton, en un dircurso ante el club de prensa: “No existe la prensa independiente. Ustedes lo saben y yo lo sé. No hay uno de ustedes que se atreva a escribir sus opiniones sinceras y si lo hacen, entonces saben de antemano que nunca aparecerán impresas”. LAW