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Venezuela: Insurgentes frente a la reforma constitucional

by Espacio INSURGENTES Thursday, Nov. 01, 2007 at 11:30 AM
contacto@insurgentes.org.ve

* Diferentes organizaciones y personas del país, con trayectorias en las luchas sociales, vinculadas a diversos planteamientos de izquierda crítica y anti-autoritaria, que hemos confluido en el espacio INSURGENTES, fijamos posición ante la “reforma” propuesta inicialmente por el Presidente de la República.



Las constituciones, en todos los países, reflejan siempre las relaciones de fuerza entre las diversas clases sociales que componen una sociedad. La “reforma” que hoy se propone plasma el triunfo obtenido por el capital trasnacional durante el golpe y el sabotaje petrolero del 2002-2003, concretado en la conformación de las Empresas Mixtas y la entrega de nuevas concesiones minero-petroleras al capital extranjero.



La “reforma” propuesta por el Presidente, las modificaciones realizadas por la Asamblea Nacional y las que se anuncian, se inscriben dentro de los planes de reacomodo del capitalismo mundial para derribar los obstáculos que le impidan aumentar sus ganancias a través del control de las fuentes de riqueza energética y minera, la libre circulación de capital, bienes y servicios. Esto es lo que se ha llamado globalización o mundialización de la economía, reivindicando la naturaleza depredadora del capital mundial.



Venezuela, como proveedor energético, minero y de divisas, se convierte así en uno de los soportes de la economía capitalista, insertada completamente en el modelo civilizatorio perverso y genocida, dando un vital espaldarazo a la rentabilidad de las grandes empresas energéticas y mineras.



El objetivo principal que persigue el gran capital con esta “reforma” es dar rango constitucional a la propiedad mixta establecida entre el Estado Nacional y el capital privado (vía empresas mixtas), lo que implica la entrega de la soberanía a las trasnacionales y gobiernos extranjeros, no sólo en petróleo sino también en la minería y todos los servicios públicos.



Se legaliza el hecho consumado por la Asamblea Nacional en el año 2006, cuando sin consulta alguna, aprobó el Contrato Marco de las Empresas Mixtas. Por medio de esta figura las empresas petroleras trasnacionales cambian su rol de prestadoras de servicios, a propietarias del 40% de los hidrocarburos que están en el subsuelo del territorio venezolano. Esto representa la esencia de la “reforma” y explica la celeridad que se le quiere dar al proceso para llevar al pueblo a legitimar electoralmente esta nueva estafa política. Una vez logrado su objetivo primordial, el capitalismo globalizado le permitirá al gobierno bolivariano una serie de cambios complementarios para asegurar la profundización y estabilidad del nuevo modelo entreguista. A partir de este momento la propiedad mixta Estado - Capital Internacional se convierte en la base económica de toda la sociedad, no sólo en la industria petrolera, sino en todas las ramas de la economía.



Para el logro de estos fines, el gobierno en beneficio del capital internacional tiene la necesidad de introducir entre otros, los siguientes cambios:



1. Concentración del poder en el Presidente de la República (Artículos 11, 16, 18, 70, 136, 141, 156, 158, 167, 184, 185, 225, 230, 236, 251, 252, 305, 307, 318, 320, 321, 328, 329 y las disposiciones transitorias), en flagrante contradicción con el principio de participación y protagonismo popular.



En efecto, en la “reforma” propuesta se le otorgan al Presidente los más amplios poderes, no sometidos a control alguno: Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, Administrador de la Hacienda Pública y del Presupuesto Nacional, Suscriptor y Ratificador de Acuerdos y Tratados Internacionales, Jefe Máximo de la Fuerza Armada con poder para intervenir en todas sus unidades y decidir los ascensos de sus oficiales, Creador y Fiscalizador de Nuevos Entes Territoriales y Poderes Públicos, Generador de Presupuesto para las Misiones, nombrará a los vicepresidentes, establecerá y dispondrá de las reservas internacionales, contralor y director del Consejo Nacional de Gobierno y el Consejo de Estado, y establecerá y dirigirá unipersonalmente el Plan de Desarrollo del País.



Es notoria la usurpación del derecho a elegir las autoridades locales y regionales al atribuirse el Presidente de la República la facultad para nombrarlas, contradiciendo su propuesta de elección de cargos públicos (art. 70). De hecho, estas facultades las viene ejecutando el Primer Mandatario en abierta complicidad con la Asamblea Nacional y el resto de los poderes públicos.



2. Burocratización y control del movimiento popular (a través de la modificación de los Artículos 67, 70, 136, 141 y 184).



El Estado norma y reglamenta en un formato único y obligatorio de participación, al que se le da el nombre de Poder Popular, nacido y administrado desde los poderes establecidos. El Poder Ejecutivo Nacional dirige por completo la dinámica comunitaria en aras de arrebatarle la autonomía histórica que han tenido los movimientos sociales en Venezuela. El poder, que constitucionalmente reside en el soberano, es usurpado y ahora es arbitraria e inconstitucionalmente “transferido” a éste por el Presidente.



Para poder participar en el llamado Poder Popular, es obligatorio estar inscrito en las organizaciones predefinidas por el Poder Ejecutivo Nacional, lo que presupone de hecho la pérdida de los derechos a la libre organización y participación contenidos en el propio artículo 67.



3. Se legaliza la desregularización o flexibilización de la mano de obra, y se le presenta a los trabajadores(as) como un avance revolucionario para aprobar la “reforma”. (Artículos 70, 87, 90, 141) Se retoma la bandera histórica de la reducción de la jornada laboral, para ajustar las relaciones laborales a las exigencias del capitalismo globalizado, quien depende cada vez menos del trabajo para la acumulación de capital. Las grandes corporaciones mundiales han ido imponiendo progresivamente la modalidad del empleo temporal, remunerado por horas trabajadas, a manera de desprenderse del estorbo en que se han convertido los trabajadores en esta nueva realidad mundial.



La CRBV contempla en su artículo 90, la reducción de la jornada de trabajo sin necesidad de ninguna reforma; en el Art. 86 el establecimiento de un sistema nacional de seguridad social gratuito, universal y público; en el art. 92 y la disposición transitoria 4ta. numeral 3, la retroactividad de las prestaciones sociales a través de leyes especiales que el gobierno estaba obligado a promulgar. El tiempo libre prometido será programado y organizado por los patronos o las patronas (Art.90). Con la modificación realizada por la Asamblea Nacional ahora esta función se la reservará el Estado.

4. Se militariza la sociedad venezolana. (Artículos 11, 328, 329 y las disposiciones transitorias) Con esta “reforma” se consolida el proyecto imperial de utilizar una vez más a los militares latinoamericanos como agentes de contrainsurgencia, represores en los conflictos internos y de combate antidrogas. Esto se cristaliza al incorporar a la nueva doctrina militar el papel de la Fuerza Armada Bolivariana, incluyendo a la milicia popular bolivariana, en el mantenimiento del orden público y la paz interna, así como asumir funciones de policía administrativa y de investigación penal.



Esta dimensión de los cambios propuestos afectará y agravará directamente la situación de los Derechos Humanos en Venezuela. La militarización existente en todos los órdenes de nuestra sociedad no es más que el preludio para el establecimiento de un Estado Totalitario, consumado en la reforma, ya vigente del Código Penal, así como la Ley de Policía Nacional y en la Ley Contra el Terrorismo, aprobadas a nivel del ejecutivo. Estas leyes son la instrumentación práctica político-policial de la “reforma” que le garantizan al Capital la paz y seguridad necesaria para el desarrollo de sus negocios. Por ello, la modificación del artículo 337 de nuestra Carta Magna hace posible que los derechos al debido proceso y la información se puedan suspender durante el estado de excepción, lo cual significa darle rango constitucional a la doctrina penal del Estado policial. En resumidas cuentas, el Estado Venezolano, fiel a su historia represiva ratifica una vez más el monopolio del ejercicio de la violencia contra la población, tal y como ha perpetrado las masacres del Caracazo, El Amparo, Yumare, Cantaura, La Paragua, Alto Llano en Apure, Barrio Kennedy, incluyendo la masacre de Abril 2002 ejecutada por ambos bandos.



Con ese objetivo, el Ministerio de la Defensa anuncia el entrenamiento de 5 mil francotiradores para “salvaguardar los intereses del Estado socialista en particular en aquellos casos donde el orden público pueda transgredir la normal tranquilidad de la ciudad y en especial cuando la seguridad presidencial esté en juego” (Edic. 569,QUINTO DIA), de esta manera se consolida una plataforma para profundizar la represión, neutralizar y aplastar cualquier manifestación de protesta popular frente a los atropellos.

La esencia capitalista del Estado venezolano no se reforma, sino que se profundiza.



En la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, en sus artículos 299, 301, 303 se le otorgó a la iniciativa privada junto al Estado el rol de promover el desarrollo del país; a la inversión extranjera el mismo trato y beneficios que al capital local y se legalizaron las empresas mixtas en la industria petrolera; estos artículos, esencia del régimen socio-económico del país, no fueron modificados en la propuesta de “reforma” del Presidente.



Es importante resaltar que los asambleístas en un malabarismo de palabras, tratando de ocultar la verdadera esencia de la nueva constitución, modificaron sólo de forma los artículos 299, 301 y 303 conservando el fondo neoliberal y capitalista del orden existente, contenido en los artículos reformados 112, 113 y 115. Se limitaron a cambiar y sustituir palabras manteniendo la intención de fondo, por ejemplo en el art. 301 eliminaron el párrafo final donde se le da el mismo trato a las empresas extranjeras que a las nacionales, sin embargo, se le da rango constitucional a las empresas mixtas que ya están operando y se continúan estableciendo con empresas transnacionales y con países y gobiernos extranjeros. Todas estas empresas y los gobiernos son sujetos de derecho internacional, violándose así el articulo 13 de la CRBV que reza textualmente: “El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujeto de derecho internacional”. Por ejemplo, es inconstitucional establecer empresas mixtas con los gobiernos de Cuba, Colombia, Brasil, Panamá, Nicaragua, Irán, Argelia, China, Vietnam, entre otros, e igualmente con empresas como Chevron, Gazpron, Repsol, BP, China Petroleum, Lukoil, Mitsubishi, etc.



Las alteraciones a los artículos 112, 113 y 115 propuestas en la “reforma” son precisamente para darle rango constitucional a la creación de empresas mixtas en todas las áreas de la economía nacional, iniciada con la llamada apertura petrolera en la década de 1990. Con la “reforma”, a las transnacionales se le reconoce constitucionalmente la propiedad de una buena parte (hasta un 49%) de nuestras reservas petroleras y mineras. Esto explica el empeño oficialista por acelerar la modificación de la Carta Magna, garantizando el rol que desde los centros mundiales de dominación se le ha asignado a nuestro país en la división internacional del capital y el trabajo: que no es más que poner a su disposición la mano de obra barata y las riquezas naturales.

Las empresas mixtas en petróleo y minería implican la destrucción de un millón de Kms cuadrados (incluyendo 500mil Kms cuadrados de mar territorial) que estarán sometidos a la exploración y explotación petrolera, con las consecuencias ecológicas conocidas. La última reserva pesquera del país comprendida entre la isla de Margarita, Los Testigos y Puerto Sucre será destruida con el proyecto gasífero Gran Mariscal de Ayacucho (CIGMA). El plan minero nacional expuesto por el presidente implica la afectación del 52% del territorio nacional, principalmente en las zonas de mayor biodiversidad como son los Estados Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sierra de Perijá y los Andes. Sólo en Perijá se calcula que debido a las concesiones a las trasnacionales del carbón están en riesgo 500 mil hectáreas de bosque y 7 millones de toneladas de vegetación primaria



El impacto ambiental implícito en la propuesta de reforma es un inmenso ecocidio que abarcará todo el país. Se inscribe en los planes del capital internacional dentro de la llamada Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Este plan de destrucción está contemplado en la Ley de Minas aprobada por la AN y que será puesta en práctica a través de la Ley Habilitante por el Presidente de la República.



Ratificamos que esto no es una simple “reforma”, estamos ante modificaciones que vulneran y trasgreden los principios fundamentales y básicos establecidos en los primeros artículos de la propia Constitución.



En síntesis, se quiere establecer en la constitución, como máxima norma jurídica, la garantía de la gobernabilidad a través de la reelección continua, la militarización de la sociedad, la flexibilización laboral (pérdida progresiva de los derechos laborales), la concentración del poder político en el Presidente de la República y el control del movimiento popular, fórmulas exigidas por los centros mundiales de poder.



Esta reforma a la Carta Magna no solucionará los problemas de inseguridad, impunidad, desempleo, vivienda, salud, educación, machismo, violencia en la familia y contra las mujeres, y carencia de protección social que aquejan a los venezolanos y venezolanas, especialmente de los sectores más oprimidos y explotados. Dichos males propios del desarrollo del capitalismo en Venezuela, se han profundizado en los últimos 9 años, debido a la corrupción, improvisación e ineficacia de este gobierno, a pesar de contar con los enormes recursos de la renta petrolera, en medio de la mayor y más sostenida bonanza fiscal vivida por el país en su historia.



Es la lucha social permanente contra todos los poderes establecidos la única manera de lograr que salga del papel, para concretarse en los hechos, el cumplimiento de derechos calificados como universales, indivisibles e interdependientes plasmados en La Declaración Universal de Derechos Humanos la cual reza en su Art 1 “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Los derechos humanos no se negocian con el capitalismo en ningún contexto ni en ninguna circunstancia. Con esta reforma se pretende confiscar derechos conquistados a través de luchas que históricamente ha mantenido el pueblo Venezolano.



Convocamos a obrer@s, campesin@s, indígenas, excluid@s, estudiantes, intelectuales y privad@s de la libertad, al igual que a las redes sociales, es decir, a todo el pueblo, a rechazar la “reforma”. Ésta, es el maquillaje para implantar un capitalismo de Estado Militarizado, siguiendo los modelos chino y cubano, garantizando así la mayor eficacia para el desempeño servil de los administradores locales de la globalización.

Sólo las luchas sociales del pueblo y sus organizaciones verdaderamente autónomas frente a cualquier poder constituido, pueden llevar a cabo los cambios que la sociedad venezolana reclama desde la llegada a estas tierras de la llamada “civilización occidental”.



Caracas 30.10.07



Se adhieren, miembros del espacio Insurgentes de Venezuela: Colectivo Pueblo y Conciencia (Maracay). Cruz Negra Anarquista de Venezuela, Grupo Soberanía, Periódico El Libertario, Grupo Defensores del Bolívar, Ágora27-UCV, Tercer Camino, Cecavid (Lara), Justicia y Paz (Aragua), El Conuco de la Vida (Trujillo), La Libertaria (Biscucuy). Domingo Alberto Rangel, Migdalia Valdez, Victor Felizardo, Victor Poleo, Narlis Díaz, Rafael Uzcátegui, Eudes Vera, Manuel Martínez y Osmar Castillo, Pablo Hernández, Noel León, Rosa Pérez, Guillermo Sira, Nelson Méndez, Lexys Rendón, Humberto Decarli, Hisvet Fernández, Elié Habalian, Luisa Arias, Enrique Márquez, Douglas Fermín, Douglas Bravo, Francisco Prada, Rossabel Arauz, Luís Aguilera, Domingo Andrade, Antonio Decena, María Walter, Fernando Herrera, Esteban Mejías, Luís Silva, Nathaly Vásquez, Ingrid Vegas, Nidia Cárdenas. (Firmas en permanente incremento)



http://www.insurgentes.org.ve / E-mail: contacto@insurgentes.org.ve

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