En el primer trimestre del 2007, 23 manifestaciones populares fueron reprimidas por el gobierno venezolano y 99 activistas resultaron detenidos. Este dato habla del creciente malestar así como de la criminalización de las reivindicaciones sociales en el país latinoamericano, realidad encubierta por la propaganda y mixtificación de un régimen que se publicita como vanguardia del "socialismo del siglo XXI", con apoyo de diferentes agrupaciones y personajes ligados a la izquierda autoritaria del mundo entero.



Sin embargo, quienes se interesan por la situación real de los oprimidos y explotados en Venezuela conocen las inconsecuencias y contradicciones del gobierno populista liderado por el militar Hugo Chávez. Lejos de avanzar estructuralmente en la reducción de las desigualdades y el incremento de las posibilidades de desarrollo social, el gobierno reinante en Caracas continúa manteniendo una de las distribuciones de riqueza más injustas del Continente, profundizando además el papel asignado al país por la globalización económica como proveedor seguro y fiable de energía al mercado mundial, con las corporaciones transnacionales petroleras como socios mimados y beneficiarios principales de la acción del Estado venezolano. Tras 8 años y medio de gobierno contando por obra de los altos precios petroleros con el ingreso fiscal más alto de la historia nacional, los resultados sociales de las políticas del chavismo son mediocres, siendo lo más destacable la aparición de una nueva burguesía parasitaria del favor estatal, la "burguesía bolivariana".



Según estadísticas e informes gubernamentales recientes, sobre 5 millones de trabajadores -46,5 por 100 de la fuerza laboral- se mantienen en el sector informal de la economía, el 43 por 100 de los trabajadores reciben una remuneración inferior al mínimo legalmente permitido -poco más de 200 dólares al mes-, 2 millones y medio de personas carecen de vivienda digna, el 18 por 100 de la población sufre de desnutrición, la red de hospitales públicos presenta carencias y limitaciones de todo tipo, el 90 por 100 de la población indígena vive en condiciones de pobreza, más de 400 personas mueren violentamente por año dentro de las cárceles y hay un promedio de 15 personas asesinadas al mes por los cuerpos represivos del Estado.



El gobierno venezolano ha mantenido en los últimos cinco años una disputa intra-clase con ciertos sectores tradicionales de la burguesía local, en medio de una fuerte polarización político-electoral que ha permitido dividir, inmovilizar y recuperar a los movimientos sociales del país. Cualquier crítica a la corrupta, ineficaz y frondosa burocracia oficial se califica de inmediato como "al servicio del imperialismo" y, bajo excusa de "enfrentar al golpismo y las provocaciones reaccionarias", se han promulgado diversas leyes que penalizan con mayor rigor las acciones de calle y las huelgas en las empresas básicas del Estado. Estos son parte de los mecanismos legales que desde 2006 se han utilizado contra las movilizaciones populares que, intentando recuperar sus propias reivindicaciones, manifiestan todas las semanas por el derecho a la seguridad personal, vivienda digna, empleo y condiciones laborales decentes. La respuesta gubernamental ha sido con bombas lacrimógenas, perdigones y detenciones.



Ante la tramposa polarización vivida en el país, y en especial como réplica al mandato presidencial de disolver partidos y otras agrupaciones previamente existentes para afiliarse al partido único del chavismo, de siglas PSUV, diversas organizaciones de Venezuela procuran construir espacios de autonomía para los movimientos sociales. Entre éstas, destaca la actuación de compañeros y compañeras anarquistas, que desde diferentes iniciativas, como la publicación y difusión del periódico El Libertario (http://www.nodo50.org/ellibertario), construyen una alternativa ajena tanto a la oposición socialdemócrata y de derechas como al capitalismo de Estado bolivariano. Pero ese esfuerzo anarquista por construir opciones y vías consecuentemente autónomas implica riesgos: El Libertario, por ejemplo, debe enfrentarse a una sistemática campaña de recriminaciones y descrédito por parte de agrupaciones ficticias pagadas por el Estado, así como a un creciente hostigamiento contra el activismo antiautoritario.



Este manifiesto quiere recordar a compañeros y compañeras ácratas dentro de Venezuela, así como a las demás organizaciones sociales autónomas de base en ese país, que cuentan con nuestro aprecio, respaldo y solidaridad. Nuestras organizaciones e iniciativas anarquistas denunciarán, en la medida de sus posibilidades, la demagogia e incoherencia encubiertas bajo el alias de "revolución bolivariana", activando los mecanismos de apoyo necesarios ante cada arremetida gubernamental contra las aspiraciones concretas de justicia social y libertad del pueblo venezolano.