Toda la información sobre la actitud de Amnistía Internacional en el caso de los malos tratos a presos en Cataluña (España). Un escándalo de primera magnitud que resta toda credibilidad a ESTA ONG entregada A LOS PODERES CORRUPTOS.

El País, 3/10/2006

Imputados 4 jefes de una cárcel por presunto maltrato a presos

Obstáculos para identificar a los funcionarios de Quatre Camins



PERE RÍOS

Barcelona

Un juzgado de Granollers ha citado a declarar como imputados a un jefe de centro y tres jefes de servicio que trabajaban en la cárcel de Quatre Camins el 30 de abril de 2004. Ese día supuestamente fueron maltratados 26 presos por un grupo de funcionarios, cuya relación completa se desconoce, horas después de que se produjera un motín en el que fue gravemente herido un subdirector médico.

Casi dos años y medio después de los hechos, el Juzgado de Instrucción número 3 de Granollers está a punto de concluir la investigación. Hasta ahora han declarado como imputados cuatro funcionarios, dos jefes de centro, el ex subdirector médico y Diego Enríquez Vázquez, ex director de la cárcel de Quatre Camins. Los nuevos imputados son el jefe de centro número 1.417, así como los jefes de servicio números 40, 220 y 171, aunque la resolución judicial contiene un error mecanográfico en la identificación de dos de ellos.

La defensa de los funcionarios ha recurrido ante el juzgado contra la decisión del juez instructor para evitar la comparecencia de aquellos funcionarios. El juez también ha remitido un escrito a los Mossos d'Esquadra para que faciliten el número profesional de los agentes que intervinieron en el traslado de los presos a otras cárceles de Cataluña después de producirse el supuesto maltrato.

La citación de los cuatro cargos de la cárcel se produce al no haberse podido completar la relación de los funcionarios que supuestamente participaron en el maltrato a los presos. Ante esa situación, el juez ha optado por la vía directa y ha llamado a declarar a los responsables del personal en aquella fecha.

El jefe de centro es un mando que gestiona la coordinación con todos los jefes de unidad que están al frente de un módulo o de una galería de una prisión. En el organigrama de una prisión se sitúa, por encima del jefe de centro, el jefe de servicio, a quien corresponde la toma de decisiones complejas en el interior de la cárcel; por ejemplo, autorizar a los funcionarios a que accedan al interior de un módulo provistos de sus porras, que es lo que supuestamente ocurrió el 30 de abril de 2004. El jefe de servicio, por tanto, es el responsable de la vida interior de la prisión, y el de centro, quien ejecuta sus órdenes.

En teoría, sólo debería trabajar uno de ellos en cada turno, pero aquel día se produjo una singular concentración de funcionarios fuera de servicio que, al saber de la brutal agresión de los presos contra el subdirector médico, acudieron a la cárcel. Ese caso ya se ha acabado de investigar y está pendiente de que se fije la fecha de juicio.

Desobediencia de órdenes

Los funcionarios que se concentraron en la cárcel fueron cerca de 200 y desobedecieron explícitamente la orden que dio el máximo responsable de prisiones de la Generalitat, Albert Batlle, quien decidió que no se dejara entrar a ninguno que no estuviera de servicio. Y es que la presencia de esos funcionarios no tenía ningún sentido porque el motín ya había finalizado y los presos habían vuelto a sus celdas, a no ser que acudieran a la cárcel con otra intención.

Los mossos d'esquadra que realizaron el traslado han explicado en privado que quedaron sorprendidos por las heridas que presentaban los presos al entrar en los furgones.

Carpetazo de Justicia

El Departamento de Justicia de la Generalitat abrió una información reservada cuando ocurrieron los hechos, pero la cerró al cabo de cinco meses sin esperar a que se resolviera el proceso penal que está en marcha, en contra de lo que es práctica habitual de las administraciones en casos así.

El archivo se produjo el 22 de noviembre de 2004, el día antes de que declarase ante el juez de Granollers en calidad de testigo Albert Batlle, secretario general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat. La decisión fue criticada por diversas entidades de juristas, al considerar que se estaba amparando el silencio y el "nadie conoce a nadie" que desde el primer momento parecen mantener los funcionarios implicados en los hech