SE CONFIRMA QUE LA MAYORÍA DE LOS IMPLICADOS TAMBIÉN SIRVIÓ A LA CIA

La decisión de la justicia uruguaya de acceder a la extradición de tres

importantes militares, solicitada por sus homólogos chilenos en el caso del

secuestro y asesinato del bioquímico Eugenio Berríos Sagredo, ex agente de

la policía política (Dina) del ex dictador Augusto Pinochet, permite ver una

de las tramas más siniestras de la Operación Cóndor, coordinadora criminal

de las dictaduras del Cono Sur en los años 70.

Los juicios en torno de esta operación comprueban también que la mayoría de

los implicados trabajaron para la Agencia Central de Inteligencia (CIA)

estadunidense. Las tachaduras de documentos desclasificados por Estados

Unidos revelan la intención de ocultar nombres y nexos, pero hasta ahora no

existe un solo responsable en esta historia que no tuviera vínculos con

dicha agencia o con instituciones como la Liga Anticomunista Mundial o el

exilio cubano anticastrista en Miami.

Berríos, quien fabricó gas sarín y otros venenos que se usaron en la guerra

sucia, fue colaborador de Michael Townley, hombre de la CIA y la Dina, que

hoy ampara Estados Unidos como "testigo protegido". "En la sentencia del

ministro Adolfo Bañados se afirma que Virgilio Paz, terrorista cubano,

condenado en Estados Unidos por su complicidad en el asesinato de Orlando

Letelier (ex ministro del gobierno de Salvador Allende, ocurrido en

septiembre de 1976), estuvo en esa residencia en compañía de Berríos y

Townley", señala el periodista Manuel Salazar Salvo en la revista chilena

Punto Final.

En el proceso en Chile por el asesinato de Letelier, Berríos, también

conocido como Hermes, es mencionado "reiteradamente como ayudante de Townley

en el cuartel de la Agrupación Quetropillán -dios Volcán en lengua mapuche-,

apéndice de la brigada Mulchen de la Dina, que dirigía el hoy sentenciado

general Manuel Contreras". Ambos vivían en la misma casa de Townley en Lo

Curro, donde tenían un laboratorio.

Asimismo está documentada la fuerte relación de la Dina con Orlando Bosch,

quien junto con Luis Posadas Carriles fue acusado de hacer explotar un avión

de Cubana de Aviación en Barbados en octubre de 1976 que dejó 73 muertos.

Además existen los testimonios de la ex esposa de Townley, Marina Callejas,

y de la secretaria Alejandra Damiani, quien relató cómo fabricaban "un

veneno que provocaba convulsiones y muerte". En la casa de Townley en

Santiago fue torturado y asesinado el diplomático español Carmelo Soria en

julio de 1976.

También hay pruebas de los negocios de Berríos y la Dina con los

paramilitares neofascistas italianos de Avanguardia Nazionale contratados

por Townley, como consta en el informe de Taylor Branch y el fiscal Eugene

Propper sobre el juicio realizado en Estados Unidos por el atentado contra

Letelier ocurrido en Labyrinth, Nueva York, en 1982. Esos grupos declararon

en juzgados italianos en calidad de "testigos protegidos".

Berríos trabajó en el complejo químico industrial del ejército, lo que le

permitió viajar por el mundo hasta que abandonó su trabajo en 1981 para

continuar otras tareas que involucraban a la Dina en empresas mafiosas de

distinto tipo. En 1991, Alfredo Baños citó a Berríos en el juicio por el

asesinato de Letelier y la inteligencia militar chilena, preocupada por su

locuacidad y afición al alcohol y las drogas, lo sacó del país armando una

red de protección que lo llevó de Punta Arenas a Buenos Aires, en noviembre

del mismo año, utilizando el documento del desaparecido Tulio Orellano

Bravo.

Después se decidió sacarlo de Buenos Aires y los militares chilenos pidieron

ayuda a sus homólogos uruguayos, especialmente al jefe de operaciones del

Servicio de Inteligencia de Defensa, teniente coronel Tomás Casella, y en

1992 Berríos viajó a Uruguay, donde permaneció bajo vigilancia y protección.

Por alguna razón especial en octubre de 1992 se convirtió en prisionero

"especial" en una casa de la familia del capitán de inteligencia uruguaya

Eduardo Radaelli, en Parque del Plata.

De allí escapó en noviembre de 1992 y pidió auxilio en una sede policial,

donde denunció que Pinochet lo iba a matar. El escándalo fue mayúsculo, pero

mucho más cuando el teniente coronel Casella y otros militares se lo

llevaron. Ya no se volvió a ver a Berríos hasta que en abril de 1995 su

cuerpo, enterrado en la arena, fue encontrado en el balneario de El Pinar,

Uruguay, con varios balazos a quemarropa y señales de tortura.

Según el juez chileno Alejando Madrid, están implicados en el asesinato de

Berríos el general retirado Hernán Ramírez Rorangwe, el teniente coronel

Pablo Rodríguez Márquez, los oficiales Raúl Lillo Gutiérrez, Carlos Herrera

Jiménez y Arturo Rodrigo Silva Valdés (encargado de la seguridad de

Pinochet), quien fue "inculpado por el capitán Luis Arturo Sanhueza Ross,

también llevado a Uruguay para eludir a la justicia, y otro ex escolta de

Pinochet".

Ahora en Chile son investigados los uruguayos Tomás Casella, Eduardo

Radaelli y Wellington Sarli. En abril pasado trascendió en Montevideo que

habían desaparecido las actas parlamentarias sobre la investigación del caso

Berríos en 1992, que contenían las declaraciones de los entonces ministros

del Interior y de la Defensa Nacional, Andrés Ramírez y Mariano Brito,

respectivamente.

Al levantarse el secreto sobre las actas, resultó que habían desaparecido de

la caja fuerte en que fueron guardadas y se desconoce dónde están. Medios de

Montevideo sostienen que en 1996, ante una solicitud de la justicia chilena,

se descubrió su desaparición. Una secretaria que había guardado copia de la

misma fue sancionada y la copia robada.