A mediados de diciembre una gran cantidad de personas contratadas en las dependencias oficiales fueron rescindidas de sus contratos, según ordenes "de arriba" que obligaban, ante un escenario de crisis económica, a reducir drásticamente la abultada nomina estatal. Por otra parte, un informe de la organización CECODAP contabilizó la cifra de 174 niños y niñas muertos en un año por impactos de bala en los sectores populares en los que residían, lo que da cuenta de la extensión de la violencia vivida en el país, síntoma de nuestra crisis social. La falta de una vivienda digna afecta a 13 millones de personas, teniendo el gobierno bolivariano 10 años consecutivos de fracaso de sus propias metas, lo que ha generado la movilización de comunidades sin techo a lo largo y ancho del país, ocupando terrenos bajo amenaza de criminalización y represión policial y judicial. La inflación durante el año 2008 se ubicó como la más alta de Latinoamérica, mermando los salarios reales al encarecerse el costo de los alimentos y servicios, en una situación que no mejorará para el año 2009. Además, los ingresos y gastos estatales descenderán significativamente por la reducción de los precios del petróleo, nuestro principal producto de exportación. La situación hospitalaria, de la seguridad social, de las personas privadas de libertad, la degradación de los cuerpos policiales y el asesinato de sindicalistas tampoco resisten un mínimo examen, a pesar de toda la propaganda desplegada por el Estado en los medios de difusión.

A contracorriente, las preocupaciones gubernamentales están bien lejos de los padecimientos, demandas y exigencias de la gente común. Desde la cúpula se ha establecido que la prioridad, como si no hubiera retos más urgentes por solucionar, es cambiar un artículo de la Constitución para permitir la reelección indefinida única y exclusivamente para el cargo presidencial. Esta modificación completaría el andamiaje jurídico que sustentaría la progresiva centralización militarizante del poder que hemos padecido en la última década, cumpliendo las formalidades democráticas. En este socialismo de cuartel sustentado en la construcción de un capitalismo de Estado, no existe "proceso" posible ni la eventualidad del mínimo disenso de la línea política ordenada desde arriba e instrumentada vía PSUV, como bien lo saben las otras organizaciones partidistas -como el PCV y el PPT- que apoyan la propuesta bolivariana.

A pesar de haber vivido el decenio con los ingresos petroleros y fiscales más altos de la historia venezolana, la ausencia de cambios estructurales, la profundización de la economía rentista y monoproductora, así como los escandalosos índices de corrupción en todos los niveles del gobierno, nos ubican con desventaja a las puertas de una crisis económica global, la cual, como todas las crisis, golpeará con mayor énfasis a los sectores más vulnerables. Sin embargo, los apetitos de poder no tienen reparo en gastar 800 millones de bolívares fuertes (casi 400.000 dólares) en una campaña por la enmienda constitucional.

El apoyo mostrado a la propuesta por los principales funcionarios estatales y actores económicos tiene su motivación: asegurar el continuismo de un modo de gobernabilidad que los ha beneficiado ampliamente. Ya es inocultable la existencia de un nuevo sector de la clase privilegiada, la "boliburguesía", nacida y reforzada al calor de la simulación seudorevolucionaria. Esa floreciente oligarquía, compartiendo espacios con los estamentos tradicionales ligados a la globalización de la economía, muestra sin pudor el enriquecimiento súbito más escandaloso del continente. Estos hampones de cuello blanco y boina roja, amparados en la impunidad concedida por la concentración de poder, han realizado desfalcos a los dineros públicos de una magnitud que colocan a los desmanes administrativos del anterior alcalde de Caracas Juan Barreto como los de un ladrón de gallinas de provincia.

En esta verbena de los principios, es posible observar en sus formas la sustancia del "mundo nuevo" que nos quieren imponer desde el vértice de la cúpula del recambio burocrático. La coacción y hostigamiento de los empleados públicos para la firma de la solicitud de enmienda, bajo la amenazada velada o explícita de la posible pérdida de sus trabajos, ejemplifica el espíritu de cambio que anima a esta extravagancia populista del siglo XXI. En semejante torneo de oportunismo y abyección, los fines justifican la aplicación de cualquier medio, precisamente lo contrario de la ética que animaba a los padres fundadores del socialismo. El caudillismo autócrata niega la esencia del contrapoder popular, en el que las amplias mayorías, y no sólo una persona, son los motores impulsores de las transformaciones. En cambio, el tránsito en esa dirección legitima la militarización de la vida cotidiana, la falta de independencia y autonomía de los movimientos sociales, la penalización de la diferencia y el disenso, la discriminación por razones políticas, la corrupción e impunidad de los adulantes, así como la pérdida de la potencialidad democrática asamblearia y directa que se expresa de múltiples formas y no solamente en el reduccionismo del acto electoral.

La vocación por la concentración del poder hay que combatirla desde todos los flancos posibles. Para los libertarios y libertarias, el reto consiste en socavar las bases de apoyo del gobierno sin que eso signifique el aumento de las filas de la oposición mediática. Proponemos e impulsamos la construcción de una alternativa desde abajo, que no abandone los sueños por una sociedad más justa de seres humanos libres y solidarios, autónomos del poder y de las instituciones de la violencia y la coerción.

www.nodo50.org/ellibertario

ellibertario@nodo50.org