{"article":{"id":175432,"heading":"Venezuela: Levantando los cimientos de la represi\u00f3n","author":"CRA - El Libertario, Venezuela","created":"2006-08-23 19:56:07","modified":"2013-11-11 00:43:48","last_modified":"Mon, 11 Nov 2013 07:43:48","article":"
El gobierno bolivariano ha reiterado que, una de sus diferencias con los gobiernos anteriores, estriba en la ausencia de represión y muertos en las manifestaciones populares, a pesar de que el proceso de “empoderamiento” de la gente ha hecho que se movilicen como nunca antes. Tal sentencia es una verdad a medias. Por un lado, el actual gobierno ha ejercido la dominación a través de un caudillo carismático con raigambre popular, contando para ello con los ingresos más altos de la historia, gracias al despegue de los precios petroleros, lo cual ha posibilitado la implantación de amplias y extendidas redes clientelares. Por otro, las movilizaciones han respondido a una fuerte polarización y electoralización impuesta desde arriba. En el primer quinquenio, las pocas manifestaciones que rebasaron los códigos del espectáculo mediático fueron reprimidas, como siempre.
Diversos analistas coinciden en que el tiempo es enemigo de la demagogia, que la popularidad es directamente proporcional al paso de los años. A pesar de ser una continuidad, un segundo período presidencial del actual gobierno representa, paradójicamente, un momento político diferente. Ante el aumento de la deuda social, los burócratas ya no poseerán el recurso fácil de culpar al ejecutivo anterior. Y, especialmente, la paciencia de los sectores mas desfavorecidos acercará su fecha de caducidad. Una muestra la constituye el exponencial aumento de las protestas populares, especialmente en el interior del país, ocurrido en los últimos ocho meses. La gente ha dejado de movilizarse por la permanencia o no del cargo presidencial, sino por la falta de vivienda, empleo y servicios públicos, mostrando su inconformidad ante el goteo que representan los programas sociales oficiales. Intuitivamente perciben que las Misiones son migajas en tiempos de la mayor bonanza petrolera, por lo que han empezado a recuperar su propia agenda de reivindicaciones, la cual tiene que ver con sus padecimientos cotidianos.
De manera atropellada e improvisada, e incluso incoherentemente, el Estado venezolano ha venido adelantando iniciativas para contener la previsible ola de descontento, tras el incumplimiento de las expectativas generadas por la retórica y la demagogia. Estos adelantos se han mostrado fragmentariamente, pero en su conjunto constituyen el andamiaje que hará posible la represión del disenso y la ingobernabilidad. Detallamos algunas de sus partes constitutivas.
Penalizando la protesta: Reforma del Código Penal
En marzo del 2005 la Asamblea Nacional (AN) realizó una reforma parcial del Código Penal, que incorporó artículos que criminalizan algunas modalidades de protesta, recientemente utilizadas por “la oposición”, pero históricamente usadas por los sectores populares. En el artículo 357 se establece que los cierres de calle serán castigados con penas de prisión de 4 a 8 años. El número 506, por su parte, castiga con multas de hasta 100 unidades tributarias (UT) (3.360.000 Bs) a quienes realicen cacerolazos, aumentándose a 200 UT si es reincidencia. Si el escrache es cometido contra algún alto funcionario estatal los arrestos van de 3 a 4 meses. Otro de los artículos penaliza a los ocupantes ilegales con prisión entre 5 y 10 años. Actualmente se encuentra en discusión una nueva reforma, que aspira modificar 64 artículos aprobada en primera discusión en la AN. En uno de ellos, el artículo 9 sección II, se propone cárcel entre 16 a 18 años para quien “ejecute una actividad tendiente a interrumpir el correcto desempeño o la normal actividad de una, o varias, de las empresas básicas o estratégicas del Estado”. La aprobación definitiva de este artículo significa la eliminación de hecho del derecho a huelga.
Esta visión criminalizadora de las protestas ya comenzó a ejecutarse. Para el 10 de junio, la secretaría de seguridad del estado Carabobo había realizado un total de 20 detenciones por la obstrucción de avenidas y quema de cauchos, a personas de comunidades que protestaban por la falta de viviendas y servicios públicos. 8 días antes, en la Autopista Regional del Centro, 12 personas fueron detenidas en el sector La Cabrera, cuando protestaban por no poseer trabajo. Otro caso, de las decenas que han ocurrido, sucedió en Tucupita el 5 de mayo cuando tres vecinos del sector San Juan 2 fueron detenidos tras cerrar la avenida Orinoco. Estas personas protestaban por no poseer una vivienda propia. La misma suerte corren quienes han venido ocupando terrenos, atendiendo las sugerencias de la nueva burocracia de la Quinta República. El 14 de junio en Ciudad Bolívar, 270 personas fueron desalojadas por efectivos policiales en un terreno en La Macarena, en el cruce de las avenidas República y Alejandro Vargas. Tras el uso de bombas lacrimógenas, los agentes detuvieron a una decena de personas. Un día después, 14 personas resultaron heridas cuando la Guardia Nacional desalojó a 500 familias de unas tierras ubicadas en la entrada de Temblador, estado Anzoátegui.
Desvirtuando las campañas: Caso Carbón
En el periódico El Libertario se ha informado en los últimos dos años de la campaña realizada por comunidades indígenas de la Sierra del Perijá y colectivos ambientalistas de Maracaibo contra la expansión de la producción carbonífera en la zona. Asimismo, hemos publicado la contracampaña llevada a cabo por Corpozulia y su empresa filial Carbozulia. La resistencia al carbón es una de las pocas movilizaciones, con cierto grado de autonomía, en la dinámica de recuperación y fragmentación del tejido social. Asimismo, esta experiencia muestra la neutralización de un conflicto con base societaria, realizado sin erosionar la fachada progresista del ejecutivo. Además de las propias divergencias dentro de la heterogénea base del movimiento, la gerencia de Carbozulia ha profundizado la división dentro de las comunidades indígenas ofreciendo trabajo, beneficios sociales y dinero a quienes apoyen, o no cuestionen públicamente, la apertura de nuevas minas. Asimismo, ha criminalizado a quienes identifica como “líderes” del disenso como “agentes de la CIA”, “mafias verdes”, “extranjeros” y “apoyo de la guerrilla”. Durante las visibilizaciones del problema –manifestaciones callejeras y protestas-, la carbonera ha realizado contramovilizaciones disponiendo de grandes recursos, además de las amenazas, sabotaje de eventos y destrucción de murales ecologistas. Los carboneros han realizado un cuantioso esfuerzo de relaciones públicas y maquillaje verde, promoviendo y asistiendo a foros “ambientales”, publicando permanentemente avisos en la prensa –hay señalamientos acerca de la participación económica del grupo Panorama en los “beneficios colaterales” de la expansión minera- y en la televisión, especialmente, en medios “alternativos” y “revolucionarios”. La propaganda oficial acerca del carbón habla, en primer lugar, de sus pretendidos beneficios sociales. Y frente a este discurso populista los y las activistas no han construido una respuesta certera. Asimismo, a pesar de que el aumento de la producción mineral es una política de Estado, avalada en todo momento por el primer mandatario, los cuestionamientos se han limitado a señalar las responsabilidades en la directiva de Corpozulia-Carbozulia, sin interpelar las correspondientes al tren ejecutivo y al propio presidente. A esta imposibilidad –conciente o no- se suma el chantaje de algunas organizaciones oficialistas que chantajean, incluso por la fuerza, para que el discurso del colectivo se mantenga dentro de la descafeinada retórica estilo “compañero presidente”. En los alcances de la campaña contra la explotación del carbón no sólo Carbozulia ha sido un gran y determinante dique de contención, sino que factores “endógenos” han terminado de cerrar la camisa de fuerza, ofreciendo una prueba piloto única, para los conserjes del poder, en la neutralización de conflictos sociales futuros.
Callando las críticas: Ley de Cooperación Internacional
El 14 de junio la página web de la Asamblea Nacional informaba sobre la aprobación, en primera discusión, del Anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional, “normativa que tiene como finalidad establecer el régimen jurídico de la cooperación internacional del Estado venezolano, en cuanto a la promoción y ejecución de acciones y programas de cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los gobiernos de otros países, organismos internacionales, organizaciones, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas”. La crónica reseña la intervención de uno de los adalides de la iniciativa, el diputado Carlos Escarrá, quien se refirió al pronunciamiento sobre el tema difundido por 72 ONG´s: “Estas son las mismas organizaciones que avalaron el golpe de Estado, que no denunciaron los asesinados del 11, 12 y 13 de abril, que no han denunciado las muertes de los campesinos por el sicariato, definitivamente, son organizaciones lacayas, que no atienden el deseo de todos los venezolanos”. Iris Valera, por su parte, se mofaba en el hemiciclo de “el escándalo de las organizaciones golpistas de siempre” (http:\/\/www.asambleanacional.gov.ve\/ns2\/noticia.asp?numn=9333<\/a>). Lo que estos diputados no decían era que el comunicado estaba encabezado por organizaciones como Provea y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, con casi dos décadas ininterrumpidas de lucha por los Derechos Humanos en el país.
Las restricciones y controles impuestos a las ONG´s, previstas en el Anteproyecto, tienen como primer destinatario al tinglado oposicionista Súmate, y en menor medida a la ONG en Derechos Humanos Cofavic. Pero la regulación busca neutralizar, de igual manera, la fiscalización gubernamental independiente realizada por la misma Provea, Red de Apoyo, Observatorio de Prisiones, etc, quienes con cifras y denuncias concretas han señalado insuficiencias y retrocesos de las políticas de la V República. El anteproyecto debe aprobarse aún en segunda discusión, antes de ser publicado oficialmente en Gaceta Nacional. Para descargar el mismo, y hacer un seguimiento de las informaciones sobre el tema se puede visitar http:\/\/www.derechos.org.ve<\/a>
Socializando la delación
El 23 de julio, una nota de la televisora “alternativa” VIVE informaba que el Alcalde Juan Barreto había “formalizado” la Red Nacional de Inteligencia Social Comunitaria, “con la finalidad de combatir el índice delictivo”. La misma estaría conformado, según la nota, por motorizados y taxistas de las 32 parroquias que constituyen el Distrito Metropolitano, quienes servirían de apoyo, supuestamente, a las labores de los cuerpos policiales desde casas ubicadas en los sectores populares. Las reales funciones del apéndice gubernamental estaban apenas unos párrafos siguientes: “comprende un grupo de motorizados y taxistas que iremos resguardando las calles y monitoreando todo el sistema tipo guarimba y movilización opositora, para de esta manera garantizar la seguridad de los venezolanos”, resaltó Arquímedes Franco, presidente de la Fuerza Bolivariana Motorizada.” (http:\/\/www.aporrea.org\/poderpopular\/n81209.html<\/a>). Otra nota confirman y delimitan dicha función: “La inteligencia social, en cambio, cumple otro objetivo, se trata de controlar la acción enemiga, claramente dicho, debe detectar saboteadores, quinta columna, corrupción, etc. y eso debe tener sus lineamientos claros, precisos, y debe conectarse con los cuerpos de inteligencia adecuados”. (http:\/\/www.aporrea.org\/actualidad\/a14304.html<\/a>). La Red Nacional de Inteligencia Social Comunitaria, “Misión Sapeo”, ha sido anunciada para otros estados del país.
Formando las brigadas parapoliciales
El 29 de junio, Chávez anunció como distribuiría los fusiles adquiridos recientemente a la Federación Rusa: “\"La primera oleada de esos fusiles ya la estamos distribuyendo en las unidades de combate, sobre todo del Ejército y la Marina, también la Guardia Nacional y algunas unidades de la Fuerza Área de tierra. Pero tan pronto terminemos (...), los primeros fusiles Kalachnikov que lleguen a partir de allí serán para el Frente Francisco de Miranda (FFM)”. (Correo del Caroní, 01.07.06, http:\/\/www.correodelcaroni.com\/component\/option<\/a>,com_wrapper\/Itemid,162\/?id=35804). Días después, el Ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, afirmó que “el tema del FFM entra dentro del marco de la Constitución en lo que ha sido llamado Reserva o Guardia Territorial. Ese armamento se utilizará de acuerdo con lo que plantea la Constitución una vez que el Estado venezolano sea amenazado o sea atacado desde afuera o se presente una situación interna de subversión”. El uso del armamento estaría destinado a la Reserva, pero se ha repetido que la misma esta integrada por los miembros del FFM, gran parte de ellos entrenados por el gobierno de Fidel Castro. La ONG en derechos Humanos, Provea, declaró al respecto: “el gobierno usa la excusa de preparar a la población para una eventual amenaza externa, pero está pensando en armar sectores de la población, para enfrentar a otros sectores de la población que pudieran rebelarse contra el gobierno. Si esos son los planes gubernamentales, según lo confiesan sus propios voceros, quiere decir, que el gobierno se propondría el usar fuerzas civiles de choque para enfrentar cualquier situación de masiva protesta social (www.derechos.org.ve).
El uso de civiles para reprimir manifestaciones populares no sería una novedad. Durante las llamadas “guarimbas” diversas protestas fueron enfrentadas por personas no identificadas, con saldo de varias personas asesinadas. Pero también, protestas populares han sido “neutralizadas” por pistoleros a sueldo. En diciembre del 2005 una protesta de buhoneros en el centro de Caracas fue “neutralizada” por parapoliciales provenientes del Barrio 23 de Enero, como incluso informó, en su momento, el diario oficialista VEA. Cuatro meses después, una protesta en un centro asistencial fue rechazada de la misma manera. (http:\/\/www.eluniversal.com\/2006\/05\/04\/ccs_art_04402A.shtml<\/a>).
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