{"article":{"id":165894,"heading":"Comisi\u00f3n Civil Internacional de Observaci\u00f3n por los Derechos Humanos (CCIODH) en M\u00e9xico.","author":"CCIODH","created":"2006-06-24 03:27:05","modified":"2013-11-11 00:41:12","last_modified":"Mon, 11 Nov 2013 08:41:12","article":"

Comunicado de prensa #7

LA CCIODH REGRESA A MÉXICO TRAS ENTREGAR SU INFORME SOBRE ATENCO EN LA ONU

Ciudad de México, miércoles 21 de junio de 2006

BOLETÍN DE PRENSA N. 7 DE LA COMISIÓN CIVIL INTERNACIONAL DE OBSERVACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS (CCIODH) EN MÉXICO.

Una delegación de la CCIODH formada por tres personas regresará a México la semana del 26 de junio al primero de julio con los objetivos de presentar el Informe Preliminar a la sociedad mexicana y dar seguimiento a las investigaciones y procesos observados hace un mes.

El día 23 de junio una delegación de la CCIODH se entrevistará con el Sr. Norberto Frydman (responsable para América Latina y el Caribe) y el Sr. Carlos López (responsable para México) de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Se presentará en ambas entrevistas las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó con el trabajo realizado, así como la contextualización y las causas que permiten entender el conflicto. Se pretende informar sobre las graves violaciones a los derechos humanos de que se obtuvo constancia, así como instar a esta institución a que actúe, dentro de su competencia, para facilitar la justicia y la reparación de daños en el conflicto desencadenado en Texcoco y San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo.

Anteriormente, el jueves 22 de junio la CCIODH tiene concertada una cita con el presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso español, Sr. Durán i Lleida para la presentación del Informe Preliminar, así como para llevar ante esta instancia el caso de las dos catalanas expulsadas ilegalmente de México.

Por su parte, el día 21 de junio la delegación italiana de la CCIODH realizó una entrevista con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso (Camera dei Deputati), Sr. Ranieri, a las 11 de la mañana (hora italiana). Posterioremente, se prevé que en la rueda de prensa participaron diputados de diferentes partidos. El objetivo es igualmente la presentación del informe preliminar y la búsqueda del respaldo del Congreso italiano a las conclusiones y recomendaciones de la CCIODH.

El jueves 15 de junio de 2006, en la sede del Parlament de Catalunya, una delegación de la CCIODH formada por Ignacio García, Encarna Bodelón y María Gabriela Serra, fue recibida en audiencia por el President del Parlament, Sr. Ernest Benach. para presentarle el informe provisional de la CCIODH sobre los hechos de Atenco (México). Se le informó sobre las expulsiones de las dos catalanas: María Sostres y Cristina Valls que han denunciado malos tratos y vejaciones así como de las graves violaciones a los derechos humanos observadas. El Sr. Benach respondió que difundirá el informe a los grupos parlamentarios para que lo conozcan y se manifiesten sobre ellas, así como a los senadores de los partidos catalanes en Madrid. Se acordó proponer próximamente una comparecencia con la Comisión de Exteriores del Parlament de Catalunya a la que se presentará una propuesta de resolución para ser aprobada por los grupos parlamentarios.

El mismo día fueron recibidos por el Director de l'Agència de Cooperació al Desenvolupament (Agencia de Cooperación al Desarrollo) en funciones de Secretaria de Cooperación Exterior del Govern de la Generalitat de Catalunya, Sr. Alex Masllorens, al que también se le entregó copia del Informe preliminar de la CCIODH. Esta Agencia ha colaborado en la financiación de la impresión del informe preliminar de la CCIODH.

En fechas próximas del mes de julio se entregará el informe al Parlamento Europeo.

En fechas próximas se procederá a la presentación del informe en México.

Se ofrecerá una rueda de prensa a la llegada de la CCIODH, de la que se informará oportunamente, así como de la agenda de presentaciones que se tenga prevista.



La CCIODH está integrada por 28 personas de 7 países diferentes. Estuvo en México del 29 de mayo al 4 de junio. Realizó 173 entrevistas a detenidos, familiares, pobladores, organizaciones sociales y políticas e instancias gubernamentales. Tuvo acceso al penal de Santiaguito, donde entrevistó a todos los\/as detenidos\/as, elaborando un vídeo de 15 minutos con sus declaraciones. Las conclusiones y recomendaciones (13) consideran probado un uso excesivo de la fuerza pública, que el gobierno recurrió al empleo de la fuerza pública sin agotar todos los medios posibles no violentos para resolver el conflito, que no actuó en el marco del Estado de Derecho y que no respetó los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Consideran probada la violación masiva de los derechos humanos, entre ellas las torturas sexuales contra la mayor parte de mujeres detenidas. Recomiendan el cese inmediato de Wilfrido Robledo Madrid, así como el de Alejandro Eduardo Martínez Aduna, como responsables políticos de los operativos policiacos. Igualmente recomiendan la liberación de todos los detenidos en Santiaguito y La Palma bajo el principio de presunción de inocencia, dado las violaciones del derecho a un proceso justo y con las debidas garantías procesales.



Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos en México

Teléfono: (00 34) 93 101 22 44

Celular en México: (044)55 34 67 67 63



E-mail: cciodh@pangea.org<\/a>

Pagina web: http:\/\/cciodh.pangea.org<\/a>

>>URGENTE: firma las conclusiones y recomendaciones:

http:\/\/cciodh.pangea.org\/firma_conclusiones_4_cciodh.htm<\/a>

Conclusiones y recomendaciones de la CCIODH por los sucesos de Atenco, México

1. La Comisión considera probado que en el operativo policial de fechas 3 y 4 de mayo se produjo un uso excesivo de la fuerza pública en la actuación policial contraria a los principios de de proporcionalidad, razonabilidad y absoluta necesidad que debería guiarla. No se respetaron los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

2. Por eso la Comisión considera que las fuerzas policiales no se rigieron dentro del marco del Estado de derecho, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internaciones suscritos y ratificados por México, y en las leyes y reglamentos aplicables.

3. La Comisión considera que los abusos policiales representaron una grave vulneración masiva de derechos humanos que se tradujo en una serie de presuntos hechos delictivos como las detenciones ilegales, allanamientos de moradas injustificados, la muerte de una persona, una agresión con resultado de muerte cerebral, actos de tortura, multitud de agresiones físicas, verbales y morales, graves atentados a la libertad sexual (incluso violaciones), vulneraciones de los derechos procesales de los detenidos, entre muchos otros.

4. La Comisión considera que la aceptación por parte de las propias autoridades de que se cometieron excesos o abusos policiales no implica una asunción suficiente de las responsabilidades por parte del Estado. Se debería identificar, procesar y sancionar a las autoridades federales y estatales que, por omisión o por acción, participaron en la elaboración o planificación del operativo así como en su ejecución.

5. La Comisión considera que las primeras medidas en la asunción de esas responsabilidades deberían ser: 1) el cese inmediato del Comisario General de la Agencia Estatal de Seguridad, el Sr. Wilfrido Robledo Madrid así como del comandante David Pintado Espinos, máximo responsable policial del operativo de la policía estatal; 2) el cese inmediato del responsable del operativo de la Policía Federal Preventiva, el Comisionado Alejandro Eduardo Martínez Aduna, y del Jefe del Estado Mayor, el General de Brigada Ardelio Vargas Fosado.

6. La Comisión considera que las graves vulneraciones de derechos humanos descritas en este Informe son consecuencia directa del problema estructural de impunidad del que han gozados, históricamente y hasta el día de hoy, los agentes de los diferentes cuerpos de seguridad mexicanos en ejercicio de su función pública. En este sentido, la Comisión considera que resulta imprescindible que se impulsen de manera inmediata las reformas legales necesarias para perseguir con mayor eficacia los delitos cometidos por los agentes de policía así como depurar las responsabilidades de sus superiores jerárquicos. En el futuro se debe erradicar cualquier situación de impunidad.

7. La Comisión considera que se debe dotar al sistema jurídico de los instrumentos idóneos para implementar los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza y armas de fuego para garantizar el respeto a los derechos humanos. Asimismo debe evitarse incorporar miembros del Ejército Mexicano en labores policiales.

8. La Comisión considera que se debería proceder con la mayor diligencia y celeridad a la averiguación y esclarecimiento de los hechos acaecidos en Atenco. En ese sentido, la Comisión muestra su preocupación por el hecho de que el inicio de la campaña electoral está significando un retraso injustificable en la investigación y persecución de los agentes de policía responsables de las vulneraciones de los derechos humanos descritos en este Informe.

9. La Comisión considera que la aceptación por parte de las propias autoridades de que se han cometido excesos o abusos policiales no implica una asunción suficiente de las responsabilidades por parte del Estado. Se debe identificar, procesar y sancionar a todos aquellos que, por omisión o por acción, participaron en la elaboración o planificación del operativo así como en los desmanes en su ejecución. Además se debería reparar el daño causado a las víctimas y arbitrar las medidas oportunas para que situaciones como las descritas no se vuelvan a producir en el futuro.

10. La Comisión considera necesaria la inmediata puesta en libertad de las personas detenidas aún presas en los penales de “Santiaguito” y “La Palma”, con base en el principio de presunción de inocencia. Igualmente, considera inaplazable la revocación de las medidas de expulsión acordadas contra las personas extranjeras detenidas en el operativo policial.

11. La Comisión interpela a todos los actores políticos, a la sociedad civil en general y en especial a las organizaciones en defensa de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, a que ejerzan, en su condición de garantes de la democracia, una función activa de control y supervisión de la actuación de los poderes públicos como garantes de la democracia. En este sentido, la Comisión hace público su compromiso de mantenimiento de la labor de observación civil iniciada y tal efecto piensa establecer una comisión de seguimiento de las recomendaciones. Igualmente, la Comisión ha puesto en marcha los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos, en concreto comunicaciones urgentes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y distintos Relatores Especiales de Naciones Unidas. Por último, los hechos denunciados en el presente informe los entendemos, si cabe, más relevantes por el hecho de que México ostente en la actualidad la presidencia en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

12. La Comisión considera que existe un conjunto mínimo de medidas de reparación de los daños individuales y colectivos ocasionados que deberían implementarse de modo inmediato. Las medidas de reparación deberían ser consensuadas con los propios afectados e incluir, como mínimo, y siguiendo la jurisprudencia sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para situaciones similares a la presente:

• Reparación moral. Restitución del honor de las víctimas y del daño inflingido a su imagen privada y pública a través del reconocimiento oficial del trato injusto y vejatorio recibido y del daño provocado por el hecho de ser considerados como delincuentes.

• Reparación emocional de las personas afectadas. Arbitrar todas las medidas para que la comunidad en su conjunto y las personas y familias afectadas en particular reciban la atención médica y psicológica adecuada por profesionales que sean de su confianza en aquellos en que sea necesario. Esto es especialmente relevante en lo que respecta a la atención psicológica o psiquiátrica donde es básico que los afectados puedan confiar en quienes les atienden terapéuticamente.

• Reparación del daño comunitario a través de programas de reconstrucción del tejido social. Estos no deben, en todo caso, convertirse en herramientas de división y confrontación a través de programas o sistemas de ayuda condicionada o de presión a través de falsos consensos, por lo que se recomienda la monitorización de los mismos por organismos independientes de carácter nacional o internacional.



• Reparación económica. Compensación por los perjuicios sufridos como consecuencia de la violencia (económicos, en educación, salud u otros) y en especial aquellos derivados de la pérdida de empleos como consecuencia de los actos de violencia ejercidos o de los hostigamientos posteriores.

• Reparación legal. Procesos de justicia con la punición de los hechos establecidos legalmente como delictivos. Sin una justicia real y efectiva, cualquier medida reparatoria es parcial.

• Reparación social. Articular los mecanismos que garanticen que no existen limitaciones al uso de la ciudadanía, la participación social y política individual u organizada de la población de Atenco. La reconstrucción social de Atenco pasa, indefectiblemente, por la participación activa y comprometida de sus ciudadanos en la vida comunitaria.

• Reparación histórica. Reconocimiento de la verdad histórica que permita la creación de una memoria colectiva que prevenga situaciones similares futuras.

13. La restauración de la convivencia es un proceso complejo que va mucho más allá de la búsqueda de la verdad o la justicia para tener como última estación encontrar las causas originales del conflicto. Con mucha frecuencia ésta encuentra sus raíces en razones estructurales (pobreza, desigual acceso a recursos, ausencia de acceso real a canales de participación política, etc.). En este sentido la principal medida reparadora para el pueblo de San Salvador Atenco y la principal demanda recogida reiteradamente en las entrevistas realizadas con los pobladores es atender a las causas originales del conflicto analizadas en este informe. Por ello, atender de manera justa y adecuada a las reivindicaciones en la atención educativa o en salud, la vialidad y las obras públicas o la gestión de los espacios públicos, por citar algunos de los elementos más conocidos, son, sin duda alguna, el principal elemento reparador.



>>URGENTE: firma las conclusiones y recomendaciones:

http:\/\/cciodh.pangea.org\/firma_conclusiones_4_cciodh.htm<\/a>



>>Comunicado #1 [29-05-06]:

http:\/\/cciodh.pangea.org\/cuarta\/comunicado_001_cast.htm<\/a>

>>Comunicado #2 [30-05-06]:

http:\/\/cciodh.pangea.org\/cuarta\/comunicado_002_cast.htm<\/a>

>>Comunicado #3 [31-05-06]:

http:\/\/cciodh.pangea.org\/cuarta\/comunicado_003_cast.htm<\/a>

>>Comunicado #4 [01-06-06]:

http:\/\/cciodh.pangea.org\/cuarta\/comunicado_004_cast.htm<\/a>

>>Comunicado #5 [02-06-06]:

http:\/\/cciodh.pangea.org\/cuarta\/comunicado_005_cast.htm<\/a>

>>Comunicado # 6 [3-06-06]:

http:\/\/cciodh.pangea.org\/cuarta\/comunicado_006_cast.htm<\/a>

>>Comunicado # 7 [21-06-06]

http:\/\/cciodh.pangea.org\/cuarta\/comunicado_007_cast.htm<\/a>

+ info: http:\/\/cciodh.pangea.org<\/a>

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