{"article":{"id":111345,"heading":"AI constata que el Estado espa\u00f1ol recorta libertades en Euskal Herria","author":"fran","created":"2004-05-27 20:38:35","modified":"2013-11-11 00:29:57","last_modified":"Mon, 11 Nov 2013 07:29:57","article":"
MADRID
La sección española de Amnistía Internacional presentó ayer el informe que realiza anualmente en torno a la situación de los derechos humanos en todo el mundo. Su director, Esteban Beltrán, manifestó en una comparecencia en Madrid que en el Estado español se cumple la tendencia que denuncia el informe en el resto de estados y consideró que 2003 resultó «un año malo para los derechos humanos».
En el informe relativo al Estado español se destaca que «una serie de incidentes, relacionados sobre todo con el País Vasco, plantearon nuevas amenazas para la libertad de expresión y reunión».
«Durante todo el año existió cierta confusión en torno a la legitimidad de las manifestaciones políticas, así como preocupación por los intentos de reprimir la expresión de senti- mientos nacionalistas, con el argumento de que equivalían a apoyar a grupos armados como ETA», indica la asociación pro derechos humanos.
Considera que «las tensiones constantes» que rodearon las elecciones del 25 de mayo «se debieron parcialmente» a la ilegalización de más de 200 candidaturas abertzales, al tiempo que recuerda que dos meses antes ilegalizaron a Batasuna.
En el apartado titulado «Ausencia de avances en la cuestión de la tortura», AI asegura que muchos de los detenidos en 2003 a los que se les aplicó la «ley antiterrorista» denunciaron malos tratos, y cita expresamente a los arrestados en la operación contra \"Euskaldunon Egunkaria\". El informe incide en que las autoridades españolas hacen caso omiso a las denuncias de malos tratos y que no adoptan las medidas necesarias para su erradicación.
Así, recuerda las medidas recomendadas por la Comisión Europea para la Prevención de la Tortura (CPT), y afirma que «lejos de ponerse a estudiar la forma de aplicar las recomendaciones formuladas a fin de mejorar las salvaguardas para la protección de los detenidos, las autoridades aumentaron a más del doble la duración máxima de la detención en régimen de incomunicación para determinadas personas».
AI señala sobre la operación y clausura de \"Egunkaria\" que supuso «una medida que tuvo negativas consecuencias para la libertad de expresión».
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