Brutalidad católica en Defensa de Represores

El centro de Documentación y Estudios de Paraguay emitió un comunicado repudiando la brutal y escandalosa represión a estudiantes en la sede central de la universidad católica, acaecida en la madrugada del 1 de julio como derivación de la intransigente defensa que hacen las autoridades episcopales de un conocido represor -el redactor de leyes represivas durante la dictadura neo-nazi y pro-Washington del general Stroessner, José Moreno Rufinelli- nombrado en altos cargos académicos en dicha casa de estudios por la Conferencia Episcopal. Según un comunicado hecho público hoy por la Universidad Católica, los guardias, que fracturaron las manos a varios estudiantes, entre ellos a varias mujeres, “actuaron en cumplimiento de sus funciones, mantener el libre acceso y proteger el patrimonio institucional”. Debe entenderse del comunicado que el pasado de terror que sembró el redactor de la liberticida ley 209, que costó prisión y torturas a cientos de víctimas de la dictadura neo-nazi del general Alfredo Stroessner, es considerado parte de su patrimonio institucional.
La actitud recuerda los buenos tiempos del Plan Cóndor, cuando los capellanes bendecían las ejecuciones sumarias y los cardenales negaban que existieran desaparecidos. El Capitán de la Marina Adolfo Scilingo confesó en una oportunidad que participó de dos vuelos de la muerte, durante los cuales fueron arrojados al mar 30 prisioneros vivos. También relató que al regreso a la base, los recibía el capellán militar y les daba misa, los bendecía y decía que lo que habían hecho era para salvar al país de las garras del comunismo internacional. Que habían hecho bien al darles una muerte cristiana a unos subversivos y ateos en bien de la Patria.
El premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel relata que cuando en medio de sus esfuerzos a favor del respeto a los derechos humanos en Argentina logró entrevistarse con Juan Pablo II en el Vaticano en 1981, el encuentro estuvo señalado por el maltrato y las dificultades para la reunión. La reunión fue tensa y los cardenales que acompañaban al Papa hicieron todo lo posible para que el encuentro se limite a un saludo protocolar. Rápidamente tuvo que informar al Papa y entregarle un dossier con fotos de 84 niños secuestrados y desaparecidos en la Argentina, diciéndole que esa información se la había enviado por tres canales distintos. El Papa dijo entonces que jamás había recibido tales materiales, y aconsejó a Pérez Esquivel que también se ocupara de los niños en los países comunistas.
Este idilio entre la violencia represiva y las organizaciones católicas tiene un viejo idilio por estas latitudes, desde que una bula papal del año 1478 dispuso la creación de la Inquisición Española para combatir prácticas judaizantes. La Inquisición se convirtió en la única institución común a todos los españoles, capaz de actuar a ambos lados de las fronteras entre las coronas de Castilla y Aragón, mientras que los agentes ordinarios de la Corona no podían rebasar los límites jurisdicionales de sus respectivos reinos. Se constituyó así una especie de versión medieval del Plan Cóndor.
En Latinoamérica, Lima fue a la inquisición en tiempos de la colonia lo que las bases norteamericanas para el Cóndor, en la capital del virreynato del Perú se decidia quien iba a la carcel, al exilio o al cementerio.
En los dos siglos y medio de la Inquisición en Lima -cuya jurisdicción comprendía los territorios actuales del Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay- el Tribunal sentenció a 1474 personas, y como el anticomunismo fue impuesto por Washington a estos países, el antisemitismo imperante en aquella época en España se trasladó a las colonias de Indias junto con la inquisición e indiscutiblemente, con el transcurso del tiempo, los judaizantes llevaron la peor parte .
Una instrucción dirigida en 1501 al gobernador de Tierra Firme le ordenaba que no permitiese la presencia de judíos, moros, conversos, herejes o reconciliados por el Santo Oficio, quienes también tenían prohibido comerciar. Del mismo modo que los generales del Cóndor amasaron fortuna confiscando bienes a sus víctimas, la confiscación y secuestro de bienes fue la más importante fuente de ingresos de la Inquisición hasta el año 1530. Otras fuentes de recursos de los tribunales inquisidores eran las multas, dispensas o conmutaciones de penas a cambio de dinero, como la facultad de redimirse de la penitencia de los sambenitos a través de una fuerte suma.
Así como hoy muchos represores son tolerados y protegidos por los jerarcas católicos merced a su riqueza material, en esa época muchos piratas se salvaron de los tribunales inquisitoriales gracias a sus tesoros, aunque su sed de riquezas sólo era comparable a su odio hacia España y hacia la Iglesia Católica. La enorme mayoría de los enjuiciados por tales motivos fueron reconciliados y tratados benignamente.
El dinero, rey de la especie, ya en ese tiempo aseguraba un suplicio más llevadero. Si la condición social del reo era alta, era degollado en lugar de morir en la horca. El uso de la tortura por los tribunales esclesiásticos fue legalizado por Inocencio IV en 1252, quien estipuló sus condiciones en un documento que puede considerarse un antecedente de los manuales de tortura utilizados por los dictadores latinoamericanos que fueron impresos nuevamente bajo la administración de George W. Bush. Solamente en el norte de Europa, se contaron unas 50.000 ejecuciones ordenadas por la inquisición, cifra que casi duplica a los desaparecidos en Argentina durante el Proceso de Reorganización Nacional de Videla, Massera y los suyos.
No es extraño que hoy una institución con tan límpidos antecedentes vuelva a ver a demonios íncubos y súcubos entre los estudiantes paraguayos, y arremeta contra ellos con la misma furia oscurantista de antaño en defensa de un represor. La medida está a tono, ciertamente, con el pasado nazi del supremo líder de la cofradía (el ex cardenal Ratzinger), quien se opuso cuando la Iglesia decidió disculparse por condenar a Galileo, y con la reciente elección de un mesías emergido de dichas carpas, el obispo Fernando Lugo, como presidente del Paraguay. LAW