La explotación de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos se da en muchas formas y lugares. Desde los talleres de costura de Nueva York y Los Angeles, donde los trabajadores ganan un sueldo miserable e ilegal laborando diez o doce horas al día en condiciones insalubres y peligrosas, hasta los campos de cultivo en el Valle de San Joaquín donde los pizcadores se juegan la vida trabajando de sol a sol en terrenos saturados de pesticidas tóxicos y sometidos a temperaturas extremas en el verano.
Muchos enferman, algunos mueren. A los patrones poco le importa. Después de todo, hay miles más deseosos de reemplazar al caído, aún conociendo los riesgos. Es la ley de la oferta y la demanda en el neoliberalismo salvaje, donde el ser humano se convierte en una pieza desechable de la maquinaria inconmovible de ganar dinero.
Los indocumentados son los trabajadores más vulnerables porque viven con el temor de ser deportados y no se atreven a reclamar sus derechos. Aceptan las peores y más humillantes condiciones en su lucha por sobrevivir, con la esperanza de que algún día lograrán salir de ese infierno. Y si no ellos, al menos sus descendientes. Se sacrifican por sus hijos, su familia y un improbable futuro soñado.
Generaciones tras generaciones de inmigrantes de diversos orígenes han vivido la misma pesadilla. Desde los chinos que construyeron el ferrocarril en California hasta los irlandeses de la hambruna de la papa y los italianos que “colonizaron” los barrios pobres de Manhattan.
Quizás una de las peores formas de explotación de los inmigrantes es la practicada por personas de la misma comunidad étnica a la que pertenecen. Los coyotes que roban, violan, secuestran y extorsionan a paisanos y paisanas que traen cruzando ilegalmente la frontera. Las “madamas” que importan mujeres latinoamericanas, muchas de ellas menores de edad, para prostituirlas en los moteles de Los Ángeles y otras ciudades del sur de California. Los notarios y pseudo abogados latinos que engañan a sus incautos clientes cobrándoles por tarjetas verdes o permisos de trabajo que nunca llegan. En fin, tantos otros profesionales del fraude que se aprovechan de la necesidad y las ilusiones de sus hermanos de raza recién llegados al país.
Ellos son los que deberían estar en las prisiones y no los indocumentados. Contra ellos es que deberían estar dirigidas las redadas de los agentes de inmigración.
Una nueva forma de explotación de los temores, necesidades y sueños de los inmigrantes ha provocado indignación entre las organizaciones que velan por los derechos de los indocumentados. Se trata de un programa de televisión en español en el que personas que residen ilegalmente en el país compiten a través de pruebas humillantes para obtener el derecho a contar con un selecto equipo de abogados que los asesoren para buscar la forma de legalizar su estatus migratorio.
Los concursantes, motivados por la ilusión de conseguir una “tarjeta verde” auténtica, comen escorpiones, sopas de gusanos vivos, o saltan entre dos camiones en movimiento con la esperanza de ganar un futuro sin sobresaltos y salir de las sombras de la clandestinidad. Aceptan voluntariamente y –algunos- hasta con alegría, las humillaciones y peligros, pero todos saben que jamás harían eso sino fuera por la desesperación que les abruma al vivir sin papeles legales.
Un grupo de siete importantes organizaciones de derechos de los inmigrantes, entre las que se cuentan CHIRLA, CARECEN, la Asociación de Abogados Méxicoamericanos (MABA), envió una carta al canal KRCA-TV, que tiene su sede en Burbank, para que saque inmediatamente del aire el programa “Gana la Verde”.
Las organizaciones hacen ver, con justa razón, que el programa se aprovecha de los temores de la gente y les ofrece falsas promesas. Aunque los conductores del show no garantizan que el ganador conseguirá una tarjeta verde, desde el título a las promociones sugieren que la pueden obtener si participan. Es una burla no sólo a los indocumentados sino también a las leyes de este país.
Una vocera de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) dijo que la mayoría de los participantes no son elegibles para obtener la residencia legal. Alex Nogales, directivo de la Coalición Nacional de Medios Hispanos, dijo que estaba estudiando presentar una queja ante la Comisión Federal de Comunicaciones.
Hay muchas otras maneras más éticas de ganar audiencia y atraer más anuncios y dinero para las estaciones de televisión. Explotar la necesidad y la desesperación de los inmigrantes no es el camino correcto.

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